Nuestra lucha está contra el memoricidio o todas aquellas prácticas cuya intención es borrar, silenciar y destruir la memoria de los vencidos y de las víctimas. Es momento de llamar a la acción por la memoria y que ello nos concite a reconocernos y ubicarnos para afrontar nuestros verdugos y avanzar en el presente.

El 9 de abril en Colombia no es cualquier día, es el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas; sin embargo, sigue siendo un día común y corriente en nuestra cotidianidad. ¿Por qué? Porque asistimos en nuestros días al memoricidio y al negacionismo de Estado frente al conflicto que vivimos hace más de medio siglo, lo que perpetúa la impunidad y promueve una verdad oficial, hegemónica y distorsionada de la realidad histórica.

En la década de 1940 y una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos como producto de la disputa por la hegemonía global entre las superpotencias mundiales de dicho momento; los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A este período se le conoce como la Guerra Fría. Es en ese marco, como lo dice George Kennan, “que Estados Unidos implementa su estrategia de Contención” en nuestro conflicto social, político y armado. Esto como desarrollo de su política exterior anticomunista enmarcada en la Doctrina de la Seguridad Nacional para los países del cono sur.

En Colombia, al finalizar la primera mitad del siglo XX, hubo un período de recrudecimiento de la violencia, en el que el conflicto y los reclamos sociales eran latentes, por lo que fue puesta en marcha una política contrainsurgente, inspirada y auspiciada por los Estados Unidos y desarrollada desde el establecimiento colombiano contra todo aquello considerado subversivo y contrario al orden social vigente. Como lo sostiene el profesor Renán: “A mediados de la década de 1940, este anticomunismo deja de ser una concepción exclusiva del partido conservador y de las jerarquías católicas para convertirse en la doctrina de Estado que justifica la persecución de la insurgencia popular, la instauración del Terrorismo de Estado y la alianza con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría”.

El departamento del Tolima, por este entonces, atravesaba por la agudización de unas fuertes tensiones sociales que se expresaban en la formación de organizaciones campesinas y sindicales que, como lo asegura el experto en el tema, Darío Fajardo: “amenazaba muy seriamente al patrón vertical del bipartidismo”. Por ello, la reacción de las élites regionales fue una política contrainsurgente, que consistía en reprimir y eliminar cualquier expresión de reclamo y protesta social; es decir, perseguir y hostigar a los sindicatos, movimientos sociales, organizaciones campesinas y las fuerzas políticas del liberalismo que encarnaba Gaitán.

Infortunadamente, dicha política, que concibe un enemigo interno (opositor) que debe ser combatido, se ha propagado hasta nuestros días, pues tanto el genocidio del movimiento gaitanista, como del partido político la Unión Patriótica, o los miles de asesinados mal llamados “falsos positivos”, y el asesinato selectivo de líderes sociales y firmantes del acuerdo de Paz al cual asistimos, nos muestra claramente que la política contrainsurgente y de guerra sucia se sigue poniendo en práctica desde el seno mismo del establecimiento, persiguiendo la oposición, “chuzando” a periodistas, magistrados de las altas cortes y opositores; estigmatizando a movimientos y líderes sociales y negando la naturaleza del conflicto que vivimos.

Por ello, nuestra lucha está contra el memoricidio o todas aquellas prácticas cuya intención es borrar, silenciar y destruir la memoria de los vencidos y de las víctimas. Es momento de llamar a la acción por la memoria y que ello nos concite a reconocernos y ubicarnos para afrontar nuestros verdugos y avanzar en el presente. “Por nuestros muertos, ¡ni un minuto de silencio, toda una vida de combate!”.