Con toda razón hay gente desilusionada de la política. A nombre del interés general, unos cuantos se han venido apropiando de los recursos públicos recogidos por el Estado año tras año, mientras los electores siguen en las mismas.

«Las elecciones son una inversión», le escuché una vez a un concejal de una ciudad que no quiero mencionar y quien decía ubicarse en la «oposición»: «Cuando uno se gana una curul en la cámara, en una asamblea o un concejo, es muy fácil recuperar lo gastado».

En su momento, esta afirmación me generó extrañeza y repulsión. Para mí fue incomprensible su realismo pragmático. Ahora logro dimensionar lo que me dijo, ya que inició la carrera por las curules del Senado y la Cámara de Representantes, y en 2023 sigue la maratón por los escaños de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. Para algunos, el enganche a la estructura del Estado por medio de las «elecciones populares» tiene una finalidad eminentemente parasitaria. Además, las cuentas lo favorecen.

Los ingresos mensuales de un congresista en 2021 ascendieron a $34.417.000. Con un salario así, las necesidades básicas de cualquiera quedan resueltas con creces; incluso, da para otras cosas, como lo han puesto en evidencia varios informes periodísticos. En este sentido, los congresistas –al cabo de un tiempo– terminan con sendas propiedades suntuosas: casas en lugares exclusivos, fincas en tierras privilegiadas, vehículos de alta gama, una que otra propiedad en el exterior o inversiones en uno que otro negocio con futuro.

A escala territorial, el panorama es diferente; pero no es desventajoso. Con excepción de los gobernadores y alcaldes, cuyos salarios mensuales oscilaron en 2020 entre los $16.210.960 y $11.364.183, y entre los $16.210.960 y $4.054.071, respectivamente; los investidos por el «clamor popular» gozaron de unos estipendios nada desdeñables, en especial para quienes han estado ubicados en los principales departamentos del país y en los municipios clasificados como especiales o de primera, segunda y tercera categoría.

Los concejales son un buen ejemplo. Según la Ley 2075 de 2021, sus honorarios son calculados por el número de sesiones a las que participen. Los que están en los municipios de Armenia, Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Neiva y otros de primera categoría percibieron en el 2021 un monto máximo anual de $65.658.450. Con extraordinarias, la cuantía llegó a $83.167.370. En municipios como Popayán, Buga, Tulúa, Fusagasuga y otros de segunda categoría, sus entradas se acercaron a los $47.459.100 en puras sesiones ordinarias. Con extraordinarias, este ascendió a $60.114.860. Los que están en los municipios de tercera categoría devengaron –como máximo– entre $38.069.550, en solo sesiones ordinarias, y $48.221.430, con extraordinarias.

Con ingresos anuales así, que estuvieron muy por encima de quienes devengaron un SMMLV el año anterior, es imposible hacerle el quite a uno que otro lujo o a una tentadora inversión. Aunque no es equiparable a los montos recibidos por los congresistas, las entradas de un concejal dan para acomodarse, sin mayor problema, en una ciudad intermedia o en un pueblo en crecimiento; de hecho, dan para montar un pequeño negocio que constituya una fuente de ingresos adicional. Esto como forma de asegurar un estipendio tras un revés electoral, o como una estrategia de apalancamiento de sus apetitos burocráticos.

Con toda razón hay gente desilusionada de la política. A nombre del interés general, unos cuantos se han venido apropiando de los recursos públicos recogidos por el Estado año tras año, mientras los electores siguen en las mismas. Esto amerita de una reforma estructural, tanto en salarios como en compromisos. Esos congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales no deben seguir viviendo de los impuestos de las mayorías.