Las conquistas democráticas de trabajadores y del movimiento social se han ganado en las calles, al calor del tropel y han costado bastantes vidas. Eso no puede salir de nuestra lupa y nuestra memoria, por eso hago un llamado a entender su origen y desarrollo y a no caer en el juego macabro del señalamiento y la criminalización. «La violencia reaccionaria produce violencia revolucionaria» y eso es clave entenderlo para luchar contra el memoricidio al que estamos siendo sometidos como país.

En Colombia ha hecho carrera, desde hace unos años, un discurso en el interior de las organizaciones y movimientos sociales –promovido desde la derecha– para condenar la protesta social, y miopemente aceptado por una izquierda que quiere figurar como una supuesta «izquierda de bien». Este discurso consiste en promover una protesta civilista, pacífica y democrática; llevando a la estigmatización, la persecución y la criminalización, por un lado; y, por otro, a la fragmentación y falta de conquistas sociales por parte de quienes hacen uso de la protesta social. Todo esto ha resultado funcional al poder hegemónico de las clases dominantes.

Rastrear el origen de dicho discurso resulta quizás problemático, pero podría decir que –en la última década– ha tomado más fuerza con motivo del escalamiento político del llamado «centro». Este centro político, encarnado mayoritariamente en el Partido Verde y en sectores como el MOIR, ha querido erigirse en la nueva alternativa política de los colombianos. Para esto ha recurrido a la táctica de la monedita de oro, es decir ha querido «caerle bien a todo el mundo”. Lo más cómodo ha sido el autodefinirse como un grupo «moderado», «sensato», «respetuoso» y «alejado de los extremos que llevan a la violencia».

Con esos sofismas y con una demagogia de asombrar, este grupo autodenominado “moderado” y de “centro” o “centro izquierda”, ha logrado congraciarse con amplios sectores de la sociedad cansados de la larga y cruenta violencia que vivimos desde hace décadas. Haciendo eco a los defensores del statu quo y las sagradas instituciones, dicho grupo condenan indignados cualquier manifestación que termine en violencia, aunque esa violencia sea propiciada inicialmente por el establecimiento. Asimismo, se desgarran las vestiduras por la violencia que atenta contra las fachadas de las honorables instituciones y contra los símbolos del poder y de nuestras “buenas costumbres”, mientras se estrechan las manos con los verdugos que reprimen a quienes protestan en las mesas de negociación o en los clubes que frecuentan. En suma, se han convertido en otro pilar de la defensa del bloque de poder y en los despotricadores de la protesta social.

Con ocasión a las jornadas de protestas llevadas a cabo en 2019, diferentes actores políticos se pronunciaron por lo que los medios denominan «vandalismo». Algunos avezados como el ex-ministro de defensa y ex-director del ICBF, Diego Molano, propusieron un protestódromo. Otros más radicales, insistieron en judicializar a los líderes que convocaban dichas protestas. El Distrito Capital, en cabeza de su alcaldesa Claudia López, propuso un protocolo de la protesta (muy verde, por cierto).

Lo que buscaba imponerse era un protocolo para protestar proveniente de quienes detentan el poder político y que ha logrado calar en sectores del movimiento social progresistas y reformistas, pero no revolucionarios o por lo menos con aspiraciones de cambio verdaderas. Esos mismos sectores que plantean el protestar sin incomodar, en el andén y sin palabrotas que atenten contra la moral y valores de este pulcro pueblo colombiano.

Dicho protocolo de protesta, no era otra cosa que una forma de arrebatarle a los estudiantes y a los jóvenes en general, la bandera del desmonte del ESMAD. Se convirtió en una jugada maestra que sirvió para legitimar la violencia del establecimiento y la criminalización de la protesta social, pues quien no comulgaba con dichas ideas era visto y vilipendiado como «vándalo», «delincuente», «terrorista» y demás apelativos propios de una derecha y de un centro que se ufanaba de decir que «esas no eran las formas» y que «protestar sí, pero no así».

Corría la coyuntura de convocatoria al Paro Nacional finalizando el 2019. La respuesta del gobierno siempre fue la misma: estigmatización, persecución y criminalización a los justos reclamos de la gente. Cientos de jóvenes caían en manos de la represión policial y perdían sus ojos, resistiendo en las calles. Uno de ellos era Esteban, estudiante de la Universidad del Cauca, quien se convertiría en símbolo de la dignidad al ser víctima de un proyectil lanzado por el ESMAD, que le cegaría en uno de sus ojos[1]. Todo esto llevó a la realización del Primer Encuentro Nacional Sindical, Social, Popular y Étnico donde se encontrarían tanto las centrales obreras como las organizaciones, movimientos y líderes sociales y comunales contrarios al régimen.

Dicho espacio, que desde un principio quiso ser cooptado por la burocracia sindical en cabeza del MOIR, los verdes y los liberales, cayó en el juego macabro del señalamiento, pues en su Declaración Política, previamente compartida por redes sociales sin ser votada en la plenaria general de dicho evento, se sumaba a las voces de rechazo contra la violencia en las protestas y le exigía a quienes protestaban hacerlo de manera pacífica y civilista. Allí, no se previó que, hablando de manera genérica –y como lo decía el profe William Javier Díaz– en política se lucha en dos líneas generales: una que define la legalidad, impuesta por la burguesía en el Derecho y se vocifera por los altos parlantes de los medios, la cual no se debe aceptar; y otra que impone la legitimidad en relación con las condiciones materiales de existencia.

La lectura que se hizo y se sigue haciendo sobre la violencia es una lectura miope y alejada del contexto de la misma. Hoy, después del Paro Nacional de 2021, que es quizás el más grande en la historia del país y que dejó como resultado decenas de desaparecidos, muertos, cientos de heridos y detenidos, sigo creyendo que las expresiones de violencia en las protestas, son el resultado de un descontento social y de la estrechez de un régimen político que cierra la participación democrática de las gentes del común y corriente. La violencia en Colombia no puede ser reducida a la elección individual o de pequeños grupos, sino debe verse como un producto del desarrollo histórico de nuestra sociedad. No es una invención marxista-leninista ni el capricho de unos pocos; es más bien, desde la realidad histórica, respuesta y necesidad. Es decir, es muchas veces la única alternativa que le ha dejado las clases dominantes al pueblo colombiano –no en su totalidad– pero basta con revisar la vasta bibliografía sobre nuestro conflicto para darse cuenta que las expresiones violentas al interior de las masas no son más que una reacción a la represión desmedida del régimen.

Resulta interesante ver qué tipo de violencia se practica y quién la practica: si son quienes generan la miseria o quienes luchan contra ella (aunque no hay que perder de vista que algunas acciones directas y violentas también son propiciadas desde el establecimiento para deslegitimar y presentar posteriores positivos judiciales). En este punto resulta necesario volver a Fanon en los «Condenados de la tierra», sobre la violencia que genera otros tipos de violencias simbólicas y materiales como el hambre, el desempleo, la inequidad, etc., que nace del más puro egoísmo y de la vanidad, y aquella violencia que lucha y contesta contra esos tipos de violencia simbólicas y materiales, pero que nace de un sentimiento de amor a su pueblo. Creo que Ricardo Flórez Magón, el revolucionario mexicano, decía algo muy sensato, algo como que «el verdadero revolucionario es un ilegal por excelencia». De lo contrario, lo que se haría finalmente es congraciarse con el statu quo y caer en el liberalismo. No me imagino a Marx, Lenin, Gramsci, Bakunin por nombrar unos populares ejemplos, pensando en seguir protocolos impuestos por las clases dominantes.

Para que no piensen que aquí hago apología a las acciones violentas y tratando de ser «objetivo», pretendiendo no tomar posición clara en el curso de los acontecimientos y de la historia. Sugiero que la violencia es una tragedia, entendida en el sentido griego; es decir, como aquella situación en la que alguien está enfrentado a dos opciones que son tan contrarias como infortunadas. Esa es la tragedia del pueblo colombiano: escoger una lucha legal, que no lo excluye de los cobardes asesinatos del establecimiento y de paramilitares (basta con ver el caso de la Unión Patriótica, los sindicalistas, los comunicadores populares, los defensores de derechos humanos, los intelectuales, los ex combatientes de la FARC, etc.); y la lucha ilegal, que encarna no solo la insurgencia, con todas las críticas que se le puedan hacer, si no muchísimos grupos, colectivos, organizaciones o comunidades, como los indígenas o campesinos en la liberación y reapropiación de sus territorios y sus barricadas en vías nacionales, como las comunidades que queman sus recibos de servicios y generan asonadas, o como los jóvenes que se enfrentan a una sociedad que nada puede ofrecer más que violencia misma y que son violentados y militarizados todos los días por la fuerza pública en los barrios producto de las batidas ilegales y de retenciones extra judiciales, o las mujeres que son igualmente violentadas por una sociedad patriarcal, o las comunidades étnicas cuando son segregadas a los cordones de miseria y también víctimas de la estigmatización.

Creo que esa realidad hecha de todas esas condiciones materiales de existencia, más que legitimar, explican formas de acción violentas que entran en clara contradicción con el orden imperante y con el nuevo protocolo que quieren imponernos desde arriba para civilizarnos en la protesta y salir de nuestro supuesto estado de barbarie. Las conquistas democráticas de trabajadores y del movimiento social se han ganado en las calles, al calor del tropel y han costado bastantes vidas. Eso no puede salir de nuestra lupa y nuestra memoria, por eso hago un llamado a entender su origen y desarrollo y a no caer en el juego macabro del señalamiento y la criminalización. «La violencia reaccionaria produce violencia revolucionaria» y eso es clave entenderlo para luchar contra el memoricidio al que estamos siendo sometidos como país.

[1] Esteban representaba los miles de víctimas del abuso de autoridad, de la represión desmedida y del autoritarismo de Estado. Él continuó su labor de líder social y por eso fue asesinado hace pocas semanas en Popayán.