Hasta inicios del siglo XXI, el empleo formal había presentado unas marcas distintivas en Latinoamérica y Colombia: remuneración regular y estable, contrataciones prolongadas, jornada laboral definida y prestaciones sociales; todo bajo el amparo de la legalidad. La transgresión de alguna de estas características lo modifica y –en algunos casos– lo precariza. Por lo menos, así lo demuestran los estudios desarrollados sobre el empleo y el mercado laboral de Ibagué por el CISCOG (Colectivo Interdisciplinario de Conflictos de Género) y el Observatorio del Empleo y Recursos Humanos, ambos de la Universidad del Tolima.

El panorama laboral de la ciudad musical de Colombia sufrió una alteración que se tornó trascendental desde la década del 90 y los primeros años del 2000. La destrucción de su aparato productivo, que resultó de la transformación del algodón y otros productos agrícolas, inauguró este cambio; como también, la privatización de importantes empresas de servicios públicos: TELECOM, TELETOLIMA, ELECTROLIMA y otras. Incluso, la consolidación de economías ilegales orientadas al lavado de dineros vía «comercialización de productos» y «prestación de servicios», modificaron los empleos y sus características. En treinta años, la transformación de materias primas agrícolas cedió ante el sector de comercio y servicios empujado por la ilegalidad. Ante esto, la fuente principal de empleo «formal» en Ibagué deviene del sector público a través de la gobernación y la alcaldía. Por su parte, el sector privado es endeble y, en algunos casos, precarizador.

Las Instituciones Educativas Privadas de básica y media (IEP) se encuentran en este marco: constituyen una parte de la oferta del mercado laboral ibaguereño. Aunque la información oficial a 2021 no va más allá de la población estudiantil matriculada año tras año y de las instituciones existentes, la tasa de educandos atendidos por docentes de estas es considerable. Las 159 IEP registradas a la fecha supone esta deducción: el número de docentes necesarios en Ibagué no es insignificante.

Tabla 1. Evolución de la población estudiantil de básica y media matriculada en Ibagué

Fuente: Secretaría Municipal de Educación de Ibagué (2020) y estadísticas https://www.semibaguevibra.com/prueba-2/ (2021).

Las estadísticas de 2021 señalan que para ese año la población estudiantil fue de 104.140; de estos, 80.448 estuvieron matriculados en el sector oficial, mientras el resto estuvo en el sector privado. Asimismo, dichas cifras destacan que los docentes de aula de dicho sector en ese año fueron de 2.974. De esta manera, el promedio de estudiantes por educador fue de 27, una relación diferente a 2011: diez años atrás la población estudiantil fue mayor en 14,7% con respecto a 2021 y, muy seguramente, el número de docentes fue menor.

En el sector educativo no oficial, la información indica que la población estudiantil matriculada ascendió a 23.692. Si la relación educador por número de educandos del sector oficial en 2021 hubiera sido la misma para el sector privado, la cantidad de docentes sería aproximadamente de 877; una cifra distante al total de los educadores oficiales y no menos importante en la prestación del servicio educativo en Ibagué.

De este posible número de docentes ubicados en las IEP, una franja de educadores no escapa a una situación laboral crítica o precarizada. Así como hay quienes devengan y gozan de «garantías» de acuerdo al estatuto de la profesión docente en algunas instituciones privadas de la ciudad, hay otros cuyo rasero es el código sustantivo del trabajo o, en el peor de los casos, el criterio del dueño o dueña de la institución. Para estos últimos, el fin de mes es una incertidumbre, porque los gastos desbordan los ingresos (con o sin imprevistos); y la única opción es una llamada de auxilio o el endeudamiento.

Claudia Barrero* es parte de esos docentes de las IEP cuya situación laboral y salarial no es la ideal. Su trayectoria como educadora inició en 2018 en un colegio de la comuna 6 de Ibagué. Allí –dice ella– «el salario estuvo por debajo del mínimo y no tuve prestaciones sociales, porque el contrato fue verbal»; adicionalmente, «la jornada fue 7 horas y me quedaba trabajo para la casa». Después de esta experiencia, en 2019, logró engancharse a una de las sedes del Fe y Alegría, donde se desarrolló profesional y laboralmente; pero a cambio de una jornada de 8 horas diarias y un trabajo extra o «en casa» dedicado a planeaciones y reportes. En la actualidad, «ejerzo en Nuestra Señora de Fátima con una jornada más amable, con un ingreso menor a 2 SMMLV y mi contratación es a través de una OPS (Orden de Prestación de Servicios)».

Desde el punto de vista del DANE, Claudia no tiene por qué preocuparse. En Ibagué ella goza del privilegio de estar ocupada. El problema radica en que sus expectativas de realización personal han chocado con su realidad laboral y salarial. La culminación de sus estudios universitarios en una licenciatura la llevó a independizarse, a conseguir pareja y a pretender una familia. Con los ingresos percibidos desde que empezó a ejercer, infortunadamente, algunas de estas expectativas se han ido postergando. Hoy por hoy tiene una pareja con quien comparte sus tristezas y frustraciones, porque su ingreso, más el de él, logra cubrir lo fundamental: la cuota del apartamento, los servicios, la alimentación y uno que otro antojo; el vestido es un lujo de cada seis meses, al igual que el ocio cómodo y recreativo.

Un salario legalmente establecido, pero insuficiente a la hora de resolver lo fundamental, manifiesta una tendencia a la precarización del empleo, como lo indican los estudiosos. La existencia de un SMMLV con este estatus no es sinónimo de un ingreso garante de los mínimos vitales, porque está sujeto a variables contextuales que lo hacen digno o indigno. En Ibagué, por ejemplo, el salario mínimo legal solventa algunas necesidades, pero deja pendiente otras; sobre todo, cuando las aspiraciones de realización personal son remotas y aparentemente inalcanzables, como le ocurre a Claudia y su pareja. 

Leonardo Caro* es otro docente cuya situación se asemeja a la de Claudia. La diferencia es que tiene a cargo una responsabilidad adicional: un hogar por mantener. Su condición de Normalista Superior le permitió abrirse –desde 6 años atrás– campo en varias instituciones educativas cercanas a Ibagué. En el contexto de la pandemia del COVID-19, Leonardo aceptó una oferta en el Instituto Educativo Moriah. Allí ha trabajado 8 horas diarias, de las cuales tiene un par libre a la semana; pero las planeaciones y reportes le corresponde hacerlos en casa. El contrato es a término fijo con un pequeño problema: «yo gano menos de un 1 SMMLV», dice él.

El salario insuficiente y las necesidades de primer orden que apremian en su hogar, llevan a Leonardo al rebusque semanal. A pesar del cansancio diario, él ofrece varios servicios cada vez que tiene la oportunidad: elaboración de informes, trámites ante entidades, poda de césped y jardinería, corte de cabello y manualidades; si le aparece otro encargo que pueda realizar no titubea en aceptarlo. Ese déficit salarial necesita compensarlo de alguna manera, así tenga que sacrificar tiempo valioso con su familia y para sí mismo.

Las y los investigadores del CISCOG y del Observatorio del Empleo y Recursos Humanos juzgan esta situación desde la precariedad o precarización del empleo. Una actividad productiva o garante de ingresos que minimice los tiempos para la pareja, los hijos, los familiares, para sí mismo y para el descanso o el ocio, no es un empleo clasificado como digno. Incluso, así el salario sea oneroso, pero que abarca el tiempo dedicado a actividades personales e íntimas, aproxima al empleo a esta clasificación. Un salario decente (garante de lo fundamental para vivir), en este sentido, merece una compensación en la actividad laboral diaria; de lo contrario, hay un desbalance en contra de la dignificación del trabajo, como le ocurre a Leonardo.

Juan Felipe Arias* también es docente de una IEP de Ibagué. Tras un largo período sin un ingreso estable, a inicios de 2023 consiguió trabajo en el Colegio José Acevedo y Gómez. «La experiencia laboral era algo que no tenía –dice él– y no podía aplicar para otros trabajos», por lo cual aceptó la oferta de la institución. Lamentablemente, la promesa de una jornada relativamente corta amparada en un SMMLV y con todas las prestaciones sociales fue cambiada de repente: «a los docentes en la primera reunión del año nos dan aviso que el empleo será pagado únicamente por horas»; además, la carga laboral actual no da cabida a planificaciones, evaluaciones y reportes (estos son para la casa). De todos modos, Juan Felipe labora hasta la 1:00 PM, mientras las tardes las dedica a otras actividades en busca de conseguir el ingreso faltante para él y su familia, incluyendo una hija de 4 años de edad.

En atención a los estudios sobre el empleo, estos revelan que su precarización guarda relación con las características de un mercado laboral. En una ciudad como Ibagué, las ofertas están remuneradas por lo bajo o sin prestaciones sociales; esto conduce a que la capacidad adquisitiva de las mayorías sea mínima. Cuando un prestador de un servicio lo brinda no puede cobrarlo por lo alto, lo cual genera que los involucrados en dicha prestación no gocen de salarios decentes. Este es el drama de algunas IEP, que en medio de un mercado laboral precario y el afán de lucro, sacrifican la dignidad de sus docentes, como lo experimenta Juan Felipe.

Un empleo con estas características desestimula la pasión por la educación y la enseñanza. «Las pocas retribuciones al esfuerzo y al tiempo dedicado frustran las ideas y expectativas que deja la formación como profesor», dice Leonardo. Además –sigue él–, «nosotros aguantamos cosas que en los colegios públicos no son iguales: los padres de familia en los privados exigen por un servicio que están pagando… eso genera estrés y otros problemas». Por lo tanto, el ingreso, la carga laboral y las presiones alimentan las incertidumbres de los docentes y ponen en riesgo su estabilidad emocional.

Tabla 2. Comparativo de responsabilidades de los docentes de IE oficiales y Privadas

Fuente: Elaboración propia con base en doce (12) testimonios de docentes de IEP de Ibagué.

Claudia, Leonardo y Juan Felipe no solo tienen en común su condición de docentes en IEP de Ibagué. Sin distinguirse entre sí, cargan con el peso de la explotación enmascarada en la precarización de su trabajo. A ellos, el ingreso no les alcanza, la dedicación laboral minimiza el tiempo de sus actividades personales y les corresponde salir en busca de ingresos adicionales. Por la ausencia de datos, es difícil estimar con detalle cuántos más experimentan la precariedad, pero es innegable que una franja de docentes en Ibagué la afronta, la vive y la padece.

La educación, que está llamada a formar nuevas generaciones de personas, ciudadanos y profesionales, no puede levantarse sobre la precarización del empleo. Los educadores de las IEP merecen un tratamiento laboral diferente. En sus manos está el presente y futuro próximo de la sociedad, pero con empleos precarios y precarizados, y con salarios de hambre, la misión encomendada pierde sentido o es realizada sin la convicción necesaria. En algún grado, el éxito de una formación para la vida, la vida en comunidad y la realización profesional implica docentes cuyas preocupaciones no sean cómo llegar a fin de mes, sino cómo aportar en la cualificación de aquellos que están a su cargo. En el sector educativo, el empleo digno es una necesidad.

* Los nombres fueron cambiados a petición de los entrevistados.