Cada cuatro años en Colombia, los gobiernos municipales y departamentales electos se enfrentan al proceso de elaboración y aprobación de planes de desarrollo local, en «armonía» con el Plan Nacional de Desarrollo y de acuerdo con los procesos y lineamientos establecidos en la Ley 152 de 1994, junto con los de la Constitución Política de Colombia. Teniendo en cuenta que, para el caso de Ibagué, el documento borrador presentado por la Secretaría de planeación Plan de desarrollo 2024-2027: Ibagué para todos aún tiene que pasar por instancias técnicas y políticas antes de ser aprobado, he decidido compartir algunas consideraciones al respecto de la planeación del desarrollo local en Colombia, en general, y del documento borrador, en particular.

Los planes de desarrollo locales pueden entenderse como un instrumento de política pública útil para promover una visión de desarrollo socioeconómico y socioambiental en el territorio, por medio de unas estrategias, proyectos, metas y objetivos. Sin embargo, no todos los «planes de desarrollo locales» logran establecer una visión de este tipo clara y coherente; muchas veces, se limitan a la ordenación del gasto. El documento borrador Plan de desarrollo 2024-2027: Ibagué para todos, lamentablemente, carece de una visión municipal y de ciudad clara; a pesar que contempla tres apuestas más o menos transversales y que vale la pena destacar. Adicionalmente, el borrador de plan de desarrollo presenta un problema de formulación, que impediría su posterior evaluación (si llega a aprobarse sin ninguna modificación) y que de entrada entorpece su retroalimentación y discusión por parte del Consejo Territorial de Planeación Municipal y el Concejo Municipal: el plan no cuenta con líneas bases ni indicadores-meta de objetivos socioeconómicos y socioambientales.

Respecto a la ausencia de visión en el documento, hay distintas razones que explican, hasta cierto punto, por qué es común que los planes de desarrollo municipales y departamentales del país terminen siendo simples ejercicios de ordenación del gasto. Por una parte, tenemos los propios lineamientos de la Ley 152 de 1994 que establecen una estructura sectorial para los planes de desarrollo en Colombia, que luego los formuladores no logran armonizar ni integrar de forma coherente (tal vez debido a la tendencia a la superespecialización y a la formación estrictamente disciplinar de algunos de los profesionales a cargo). Por otra parte, tenemos la realidad política, social y económica que impone nuestra democracia, en la que la efectividad político-electoral prioriza otras consideraciones, menos las visiones estratégicas o de largo plazo. Por último, tenemos el hecho que, ante nuestras limitaciones institucionales y financieras, algunos no asumen, paradójicamente, los planes de desarrollo como instrumentos de desarrollo, sino simplemente como instrumentos de distribución del gasto social entre distintas corporaciones y grupos poblacionales.

La ausencia de una visión de municipio y de ciudad clara en el borrador del Plan de desarrollo 2024-2027: Ibagué para todos queda explícita desde su título/eslogan «para todos», como si el ejercicio consultivo y de participación ciudadana –que en sí es un requisito en todo el proceso de formulación, aprobación, ejecución y evaluación de planes de desarrollo de acuerdo con la Ley 152 de 1994– pudiera suplir o remplazar el papel de una visión; pero no es así. Esto se evidencia en el hecho que muchas de las ideas del borrador no tienen conexión entre sí y en ocasiones son contradictorias; como cuando, de forma irreflexiva, en el borrador declara que se promoverán medios de transporte alternativos y amigables con el medio ambiente, pero –acto seguido– gran parte de las inversiones propuestas favorecen a los dueños de automóviles privados.

Pese a lo anterior, pueden llegar a identificarse tres apuestas transversales en el borrador de plan: la primera tiene que ver con garantizar la calidad y la disponibilidad de agua en la ciudad de Ibagué, la segunda relacionada con la actualización catastral y el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal y la tercera emparentada con el fortalecimiento de las bases de datos y los observatorios de investigación municipales. Curiosamente, resulta paradójico que se incluya la última apuesta –que contempla acciones e inversiones, reconoce e insiste correctamente en la necesidad de fortalecer y organizar las bases de datos de información municipal y los observatorios de investigación de la ciudad– cuando el borrador de plan no cuenta con líneas base ni indicadores-meta de objetivos socioeconómicos y socioambientales con los que se pueda evaluar posteriormente sus resultados.

El borrador de plan sólo cuenta con indicadores de acciones y proyectos de MGA, es decir, indicadores relacionados con acciones como «compra de equipo», «construcción de equipamiento», «formulación de un plan turístico» que tienen por propósito ayudar a transformar realidades socioeconómica y socioambiental determinadas; sin embargo, no cuenta con las líneas base y las metas para comprobar si efectivamente –al finalizar el cuatrienio– se transformaron esas realidades, haciendo seguimiento y evaluación de indicadores como «la tasa de mortalidad infantil por desnutrición», «la tasa de desempleo», «el área de espacio público por habitante», «el índice de ocupación del suelo», etc.

No quiero concluir este artículo sin mencionar dos cosas. La primera, el borrador de plan no se refiere en ningún momento al relleno sanitario La Miel, que actualmente es uno de los asuntos más urgentes por atender; por el contrario, insiste en la intención de aprobar la titulación de predios informales para solucionar el problema de déficit habitacional del municipio (ojo ahí). La segunda, considero positivas e importantes las tres apuestas transversales anteriormente mencionadas, en tanto, si bien no alcanzan a consolidar una visión dentro del borrador de plan, sí son las apuestas más estratégicas del documento.