Tras el anuncio de una posible Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como vía para aprobar las reformas promovidas por el gobierno, los detractores de Petro construyeron un nuevo fantasma. Opositores, críticos y tibios vendieron esta iniciativa como la fórmula que el presidente quiere usar para perpetuarse en el poder, al mejor estilo de Chávez o Maduro en Venezuela; incluso, añadieron que era el mecanismo para asegurar la expropiación de empresas, el cierre de las iglesias, la destrucción de las Fuerzas Armadas y el encarcelamiento de los opositores, como lo subrayó en su columna de opinión el abogado penalista Elmer Montaña. Adicionalmente, los medios no oficialistas, pero contrarios al gobierno, emprendieron una cruzada por desprestigiar un ensueño necesario para Colombia.
En entrevista con Yamid Amad, Germán Vargas Lleras fue condescendiente con la propuesta: «yo le compro la idea», dijo. De hecho, y desde el punto de vista del excandidato presidencial, el camino hacia una constituyente inaugura una nueva arena de batalla: de un lado, abre la participación a voces diferentes a las que predominan con el actual gobierno; de otro, reta al mandatario a formar una correlación de fuerzas efectiva en la que demuestre mayorías. Por esto, Vargas Lleras –a diferencia del grueso de la oposición– no descartó esta opción desde que sea desarrollada en el marco de lo establecido por la Ley.
A propósito, la constitución colombiana puede modificarse de tres formas: a través de un referendo, vía acto legislativo o por medio de una ANC. Si bien las tres implican mayorías en el congreso, porque es el que aprueba cada uno de los mecanismos; la convocatoria a una constituyente es la más engorrosa. En una de sus columnas, Daniel Coronel sintetizó el viacrucis que implica el camino hacia una ANC, subrayando que –ante el visto bueno del legislativo para consultar a los colombianos si es procedente o no su realización– más de un tercio del censo electoral deberá votar a favor; es decir, más de 13 millones de colombianos. Petro en 2022 logró la presidencia con más de 11 millones de votos, le faltan 2 millones; de dónde van a salir, fue la pregunta de Coronel. Por lo tanto, una correlación de fuerzas no solo es indispensable para llamar a una ANC, sino para garantizar las reformas sustanciales que ha planteado el gobierno del cambio.
Esto no significa descartar la posibilidad de una constituyente. En el marco del diálogo entre las antiguas FARC-EP y el gobierno de Santos en La Habana-Cuba, el movimiento sociopolítico por la paz de ese entonces abanderó una reivindicación de este alcance; incluso, de forma limitada emprendió un esfuerzo por desatar un proceso constituyente que desembocara en una asamblea de esta naturaleza. En lo concreto, el movimiento apostó por la formación de las condiciones subjetivas para repensar la constitución, ubicando como núcleo de acción principal los territorios rurales y urbano-periféricos, así como procurando la participación de nuevas voces en el ejercicio. La idea, en este sentido, era forjar un acumulado social y político que interpelara a los oligarcas del país y, entre todos, pujar para parir una nueva constitución.
Hoy por hoy la constituyente no es el problema, así algunos no les guste u otros la consideren una oportunidad para «revitalizar» la democracia. El punto está en que urge una fuerza sociopolítica de envergadura nacional y con arraigo territorial capaz de representar el sentir de la gente común y corriente, como de disputar el marco general para la realización de su bienestar y dignidad. La gestación de nueva constitución es necesaria para Colombia, una ANC es una estación en ese camino; pero el medio necesario e indispensable para lograrla es un proceso constituyente y requiere de un esfuerzo colectivo, por no decir de un acuerdo político y social, para empujar un ánimo transformador.