Con los años, esta hegemonía departamental involucró a otros grupos con poder político y económico. La irrupción de nuevos liderazgos en el interior del liberalismo y el conservatismo en el Tolima durante los noventa y los primeros años del siglo XXI, como el afán de algunos por ocupar un espacio en la burocracia departamental y vivir del erario público, llevó al ensanchamiento del bloque. De igual forma, el desarrollo de economías ilegales lo matizó con unos intereses emergentes y, aunque sus élites no entraron en una pugna enfurecida, procuraron una repartija velada de la maquinaria del Estado y de sus recursos

En Colombia, la dominación ejercida por unos grupos con poder político y económico dio origen a un bloque de poder hegemónico. En la segunda mitad del siglo XX, las élites de los partidos adscritos al liberalismo y al conservatismo lograron la configuración paulatina y nunca explícita de una coalición. A esta alianza se sumaron terratenientes, hacendados, comerciantes, industriales, militares y capitales extranjeros. El objetivo: conservar el poder y satisfacer sus intereses.

Las demandas y luchas de la naciente clase obrera colombiana, del movimiento indígena y el campesinado de las primeras dos décadas del siglo XX, desataron la reacción de los grupos de poder prominentes en el país. Esta «contrainsurgencia nativa», como la denominó el historiador Renán Vega, acercó a diferentes facciones hegemónicas que vieron en la protesta social y popular de aquel entonces una amenaza. Asimismo, el antigaitanismo de la época de La Violencia y el anticomunismo de la Guerra Fría constituyeron otros dos factores cohesionadores del bloque, en especial en un contexto de Guerra Fría en el ámbito internacional, y de abandono estatal, marginalidad y exclusión en el ámbito nacional. De esta manera, el Frente Nacional (1958-1970) y el Pacto de Chicoral de la década de los setenta expresaron esto. Como lo dijo el sociólogo Alfredo Molano, ambos se opusieron al último intento de Reforma Agraria promovido en 1968 y al avance del movimiento campesino e indígena en su proceso de recuperación de la tierra; constituyendo una forma de contención de las demandas de los sectores sociales y populares.

Los grupos de poder en el Tolima no estuvieron al margen de esto. Coherentes con las élites nacionales del liberalismo y el conservatismo de mediados del siglo pasado, ambos pusieron en práctica una política reaccionaria y contrainsurgente de guerra sucia contra las voces contrarias a sus intereses. Con ocasión al asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, los hacendados y gamonales emprendieron –en complicidad con las instituciones estatales y los gobernantes territoriales– una embestida contra los campesinos necesitados de un pedazo de tierra. En el marco del acuerdo de paz entre los directorios liberal y conservador en 1951 y con la expedición del decreto de prohibición del comunismo por la dictadura de Rojas Pinilla en 1954, ellos auspiciaron las primeras cuadrillas contrainsurgentes y grupos paramilitares conocidos como los  ‘Pájaros’ o ‘Chulavitas’, de extracción conservadora, y los ‘Limpios’ de origen liberal; los cuales mutaron con el tiempo en el Rojo Atá en la década de los 80, sentaron las bases de las CONVIVIR en la década de los 90 y del Bloque Tolima de las AUC en los primeros años del siglo XXI.

Esta guerra sucia unificó a los grandes propietarios de la tierra con élites liberales y conservadoras, y con facciones reaccionarias y retardatarias enquistadas en las Fuerzas Militares en una causa común. De este modo, unos grupos de poder se fueron estructurando en el bloque Tolima, utilizando el Estado y sus instituciones a favor de sus intereses. En este sentido, el bloque de poder se configuró durante la primera mitad del siglo pasado en reacción a las luchas de la naciente clase obrera, el campesinado y los indígenas; en la segunda mitad del siglo XX en torno al antigaitanismo y el anticomunismo de la Guerra Fría y, en el presente siglo, alrededor de la política de Seguridad Democrática, el uribismo y contra la oposición política.

Con los años, esta hegemonía departamental involucró a otros grupos con poder político y económico. La irrupción de nuevos liderazgos en el interior del liberalismo y el conservatismo en el Tolima durante los noventa y los primeros años del siglo XXI, como el afán de algunos por ocupar un espacio en la burocracia departamental y vivir del erario público, llevó al ensanchamiento del bloque. De igual forma, el desarrollo de economías ilegales lo matizó con unos intereses emergentes y, aunque sus élites no entraron en una pugna enfurecida, procuraron una repartija velada de la maquinaria del Estado y de sus recursos. Por esta razón, la prominencia liberal en los últimos treinta años en la gobernación del Tolima no significó el debilitamiento de los proyectos económicos de los conservadores o viceversa, y mucho menos de los intereses de la ilegalidad. De una u otra manera, los integrantes del bloque de poder no se pisaron las mangueras de tal forma que se hayan quedado sin agua.

En la actualidad, el bloque de poder hegemónico en el Tolima sigue conformado por grupos políticos y económicos. Entre estos están varias casas políticas y clanes recientemente organizados, que resultaron de las facciones originadas en el liberalismo y conservatismo a finales del siglo XX; asimismo, figuran economías ilegales, al igual que una franja de empresarios urbanos de los ramos del transporte, la gastronomía, hotelería y el turismo. La conducción del bloque reposa en los grupos políticos con trayectoria en la gestión de la cosa pública.

El clan Barreto es uno de los principales grupos de poder que constituye el bloque en el departamento. Junto a empresarios y emprendedores conservadores de herencia angulista y adscritos al gomezgallismo parapolítico, este controla aproximadamente veinte alcaldías municipales, entre las que se encuentra la de Ibagué; asimismo, tiene en su bolsillo el SENA, la Universidad del Tolima, el Hospital Federico Lleras Acosta, la Corporación Autónoma Regional (CORTOLIMA) y otras instituciones más que le permiten un gran poder y maquinaria clientelar y electoral. Además, controlan la gobernación del departamento y tienen tres congresistas: dos representantes a la cámara y un senador.

La familia Laserna también se ubica al lado de los Barreto y en el bloque como un grupo con poder político y económico. En su condición de latifundistas y terratenientes, esta familia es propietaria de una gran parte de la terraza de Ibagué. Igualmente, su capital le ha dado para contar con acciones en la Universidad de los Andes. En el presente, los Laserna están emparentados con otras familias del bloque de poder en Colombia de tradición latifundista: los Iragorri y los Valencia del Valle del Cauca y el Cauca.

La famiempresa política de los Jaramillo, poderosos liberales desde la década del cincuenta, también hace parte de la hegemonía a nivel departamental. Sus dos exponentes, Mauricio y Guillermo Alfonso, han sido determinantes en la política tolimense. El primero fue congresista y posee gran poder en el directorio liberal del Tolima. El segundo fue congresista, gobernador y alcalde de Ibagué, lo que le ha valido para convertirse en un cacique político. Ellos poseen incidencia y poder clientelar en las alcaldías de Coyaima, Ríoblanco y Villarrica; como también en algunas dependencias de corporaciones públicas. Además de estas, el jaramillismo comparte el ejercicio del poder, producto de alianzas con otros, en Armero-Guayabal, Flandes, Lérida, Murillo, Natagaima, Palocabildo, Roncesvalles y Saldaña. De cara a las elecciones legislativas, su influencia se ha extendido hasta el Pacto Histórico (Colombia-Humana), posicionando en los primeros dos renglones de la lista a la cámara a sus candidatas Nohora Ramírez y Sandra Salazar. La última pertenece a la famiempresa política de los Martínez.

A propósito de los Martínez, ellos son otra élite del bloque de poder en el Tolima. Emilio Martínez, cofundador del Partido Cambio Radical y condenado por parapolítica, es su mayor representante junto con su hermana, la hoy diputada Rosmery Martínez. Esta casa cuenta con poder clientelar, ya que tiene influencia en el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP) ubicado en el Espinal. En 2018, sus candidatos ganaron las alcaldías de los municipios de Dolores y Honda. En alianza con otros, comparte el poder clientelista de las alcaldías de Alvarado, Murillo, Palocabildo, Purificación y Santa Isabel. Actualmente, esta famiempresa política le apuesta a Sandra Salazar Martínez (hija de Rosmery Martínez) para llevarla a la Cámara de representantes como cabeza de lista por el Pacto Histórico y a la actual senadora Daira Galvis, política costeña y muy cercana a Emilse López «La Gata», para repetir curul en dicha corporación por el partido Cambio Radical.

El Centro Democrático y el Partido de la U son otros grupos políticos que hacen parte del bloque. La familia Ferro tiene por exponente a Ricardo, el representante a la Cámara y actual candidato al Senado, y su hermano Felipe Ferro, diputado del Tolima. Junto a otras figuras de esa colectividad, Milton Restrepo, Mauricio Pinto, Ascencio Perdomo y Emanuel Arango son influyentes en el ejercicio de la hegemonía en el departamento. Gracias a sus negocios familiares y a través del clientelismo, han cosechado una influencia en corporaciones y círculos de la alta sociedad del departamento. Lo mismo ocurre con el cacique político del Partido de la U, Jaime Armando Yepes, quien ha sido congresista desde 2006. Él también juega un papel preponderante en la dominación a nivel departamental; de hecho, ha logrado cimentar un poder clientelar en el departamento a través de alianzas, lo que le ha valido para hacerse al control de más de diez alcaldías.

Los arroceros agrupados en FEDEARROZ, los ganaderos de FEDEGAN y otros gremios como la ANDI, FENALCO, también están articulados en el bloque de poder. Si bien guardan una aparente independencia frente a los grupos con poder político, estos coinciden en unos intereses comunes. Por ejemplo, los arroceros de la meseta de Ibagué organizados en la Cooperativa Serviarroz y los ganaderos de la Asociación Ganadera del Guamo jugaron un papel crucial contra el movimiento social y popular y las fuerzas políticas de oposición, a tal punto que estuvieron vinculados con la financiación del Bloque Tolima de las AUC, como lo evidenció la sentencia priorizada de la Sala de Justicia y Paz del año 2016.

En este espectro también se encuentran algunos sectores de la «sociedad civil». Los dueños de los medios comunicación regionales, de empresas turísticas, de hidrocarburos y del sector minero-energético (ECOPETROL y Cementos Diamante, hoy CEMEX); además, los grandes empresarios del transporte como VELOTAX, COOMOTOR y otras demostraron afinidad con los intereses de los grupos de poder político, pues sobre ellos también pesan acusaciones de financiación del Bloque Tolima de las AUC. En este marco, los representantes de multinacionales como PETROBRAS y grandes empresas como Éxito y Carrefour también están vinculados con el financiamiento de los paramilitares en el departamento, como lo evidenció un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. A propósito, en dicho informe resaltan unas personas ligadas con economías ilegales lindantes con el narcotráfico, como Eduardo Victoria Restrepo, alias «El socio»; quien también financió a los paras.

Las bandas delincuenciales no dejan de ocupar una posición en el bloque. Su relación con la extorsión, el microtráfico, la cobranza, las apuestas ilegales y la piratería terrestre, al tiempo que fungen como cobradores o ajustadores de deudas bajo la figura de paramilitares y mercenarios, los clasifica en los peldaños más bajos. Ellos constituyen, de forma indirecta, una contención de fenómenos sociales y políticos que son difíciles de tratar en la legalidad.

Como es apreciable, el bloque de poder hegemónico en el Tolima es una coalición de intereses políticos y económicos, una alianza entre los grupos influyentes de la sociedad tolimense comprometidos con su dominio y dirección. Este constituye un acuerdo entre diferentes, pero con intereses comunes, para producir y reproducir un tipo de statu quo. Los fines: satisfacer sus intereses económicos, conservar las posiciones políticas alcanzadas y afianzar las influencias sociales donde se desenvuelven; en otras palabras, ejercer el dominio sobre la sociedad.

Este dominio, que conduce a la hegemonía, resulta de una actuación sintonizada de los grupos con poder político y económico en y desde la maquinaria del Estado. La imposición de un tipo de reglas ha constituido su principal expresión. Dichos grupos han establecido la preponderancia de una economía, el curso político de los territorios del Tolima y el tipo relaciones sociales entre sus habitantes. Esto lo han realizado a través del manejo de los aparatos coercitivos y regulatorios del Estado (Fuerzas Armadas, Policía, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y otros), y por medio del control de los organismos productores y reproductores de las ideas de los grupos dirigentes del bloque (medios de comunicación, escuelas, iglesias, asociaciones, gremios, etc.). De esta forma, los grupos de poder hegemónicos han compactado la sociedad política tolimense con la «sociedad civil» en un horizonte único: su proyecto de sociedad. De ahí que el Tolima lo hayan convertido en una terraza de monocultivos de arroz y algodón en función de latifundistas y ganaderos, y sus instituciones y corporaciones públicas estén al servicio del clientelismo y el nepotismo.

Aunque la idea de bloque refiere a una unidad compacta, la actuación cohesionada de los grupos hegemónicos en el Tolima ha sido cambiante. El bloque de mediados del siglo XX no es igual al de los 90 o del presente. Esto lo reviste de un tipo de flexibilidad, adaptabilidad, dinamismo y heterogeneidad; características que le han permitido mantenerse en el tiempo, configurarse y contextualizarse. Sin embargo, lo fundamental en el bloque está en los intereses que ha representado, sigue representando y va a representar. El bloque de poder en el Tolima tiene un marcado sesgo de clase pues representa los intereses de las clases dominantes en el bloque. Asimismo, el dominio que ejerce, la hegemonía que proyecta, está al servicio de las oligarquías regionales, nacionales y bajo los intereses extranjeros.