A un año del que fuese el paro nacional más grande en la historia del país y a unas semanas de las votaciones legislativas –en las que los colombianos respaldaron mayoritariamente las listas del Pacto Histórico (PH) a la cámara y al senado–, la posibilidad de que una candidatura progresista ocupe el gobierno es real. Esto, como consecuencia del agotamiento del régimen instaurado por el uribismo, los límites e incapacidades del gobierno Duque y la catalización de la potencia política, propia de una sociedad descontenta, aglutinada junto con los sectores políticos, organizaciones, movimientos sociales, alternativos y de izquierdas en la candidatura de Gustavo Petro.

Así pues, el candidato presidencial del PH tiene hoy la posibilidad de ser el nuevo presidente de la República. Aunque cuenta con la mayor probabilidad de convertirse en el jefe de Estado, según todas las encuestas, sondeos y mítines políticos en distintas plazas públicas del país, hay que advertir que su posible gobierno no lograría una gobernabilidad simple. La correlación de fuerzas en el congreso y con respecto a los sectores productivos (financiero, industrial, empresarial, etc.), le son adversas (ni qué decir de las Fuerzas Militares). Esto, sin augurar alguna profecía, traerá consigo una reacción agresiva del bloque de poder dominante, como ya es apreciable en la actual contienda electoral, y como se ha visto en Venezuela y Bolivia, por ejemplo. En ese sentido, un posible gobierno de Petro avecina, al igual que sucedió con el Acuerdo de Paz, una agudización de las contradicciones en el campo político, económico, social y probablemente militar.

Vale la pena decir que un posible gobierno del PH no representa un proyecto de cambio claramente definido para Colombia. Su incipiente agenda de reformas institucionales, plasmadas en un escueto programa de gobierno, que apenas trastocan el régimen contrainsurgente y el sistema desigual que impera en Colombia, y algunas de sus alianzas con los verdaderos verdugos del pueblo colombiano, pertenecientes a ese bloque de poder dominante que ha manejado el país a sus anchas, así lo demuestran. A los del común y corriente, en esta dirección, nos corresponde ubicarnos en este momento histórico del lado del campo popular y de dicha propuesta con un voto crítico y veedor por Petro y Francia, sin perder de vista el urgente fortalecimiento y el trabajo de organización de las bases sociales, de donde nunca debemos salir y el cual nunca se debe abandonar por congraciarnos con la izquierda de bien o con la coyuntura electoral.

El trabajo de base y la organización de los del común y corriente no son un simple cliché o eslogan para salir al paso. Hoy es un imperativo histórico ante la inminente exacerbación de las contradicciones económicas y sociales, y de la reacción de una élite retardataria y reaccionaria que no está dispuesta a ceder en lo más mínimo a las demandas del pueblo raso. A los revolucionarios nos corresponde fundirnos en el pueblo con apuestas que nos permitan organizar la resistencia, para una nueva ofensiva que se traduzca en conquistas democráticas reales, que aseguren transformaciones sustanciales en las condiciones materiales de existencia; es decir, opuestas al sistema de acumulación capitalista del actual régimen y convertidas en educación, vivienda, salud, trabajo, justicia, etc. En unidad de principios con los sectores revolucionarios conscientes del momento que nos asiste, es necesario organizar la unidad revolucionaria o, al menos, la coordinación de apuestas unitarias con real vocación de cambio y que caminen juntas enunciando otras luchas más allá de la meramente electoral. Las apuestas económicas, productivas y autogestionarias son ejemplos de estas.

El respaldo electoral al PH es simplemente electoral, pues su naturaleza es esa. El acompañamiento y apoyo a dicho proyecto depende de la actividad parlamentaria y de gobierno que desarrolle. Por esto nuestro papel está en la veeduría revolucionaria, en la elaboración programática, en la organización y en el avance y construcción de un trabajo nacional unitario que materialice un proyecto real de cambio, alejado de la falacia del desarrollo sostenible, de la demagogia del progresismo y del terror de los gobiernos autoritarios. Juntar el malestar social y de todos aquellos que se indignen contra la desigualdad y convertirlo en potencia transformadora a través de la acción política para cimentar una Nueva Colombia, digna y con justicia social, se torna hoy en nuestro imperativo histórico y nuestro quehacer político. Nuestra intención es caminar hacia la construcción de un bloque emergente de naturaleza contrahegemónica.