El paramilitarismo, como cierto tipo de mercenarismo y enmarcado en una estrategia contrainsurgente, está ligado al poder estatal y a los grupos de poder que usan el aparato del Estado para asegurar sus intereses. Por eso, se puede afirmar que el mercenarismo corporativo facilita el dominio coercitivo de los sectores subalternos y rebeldes; asimismo, asegura y hace posible las condiciones sociales para la reproducción del sistema contrainsurgente.

El paramilitarismo es un fenómeno de vieja data enquistado en la política colombiana, íntimamente ligado al mantenimiento del poder, al fortalecimiento de la coerción estatal para evitar el abuso de las fuerzas oficiales, a la política de guerra sucia enmarcada en el Estado-Nación, en la Doctrina de la Seguridad Nacional de la Guerra Fría y en la guerra contra el comunismo internacional del siglo XX y XXI.

En Colombia, sobre este fenómeno se ha hablado bastante: unas veces para justificarlo y otras para atacarlo. Así, han existido dos posiciones estatocéntricas distintas pero complementarias que refieren, por un lado, a que el paramilitarismo surge como producto del avance insurgente y a la incapacidad del Estado para ejercer el control en ciertas regiones. A este se le considera en estrecha relación a la insurgencia y se concibe que, si esta desaparece, el paramilitarismo también lo haría. Por otro lado, se hace referencia al paramilitarismo para concebirlo como una política de Estado con el fin de mantener el monopolio de la fuerza y el statu quo.

Antes que nada, se debe decir que el paramilitarismo es –según la investigadora Vilma Franco (2002) – un «tipo particular de mercenarismo» y «es un fenómeno cuyos orígenes se remontan muchos siglos atrás». Este se puede hallar en la Edad Media, en las guerras en las naciones musulmanas contra los «infieles»; en la Italia renacentista, donde grupos mercenarios «actuaban en nombre de la Iglesia»; en la América colonial, cuando bandas de mercenarios fueron contratadas por la corona para conquistar algunas partes del Nuevo Reino; asimismo, se puede rastrear en las guerras independentistas del siglo XIX y XX en América y África, y en conflictos internos como en Guatemala, Nicaragua, Salvador, Uruguay, Irlanda del Norte, Argelia y otros más.

Pero, ¿Qué es mercenarismo entonces? Podría decirse que consiste en una práctica militar privada que se realiza por un estipendio y en el cual existe alguien que contrata el servicio (financiador) y alguien o algunos que lo llevan a cabo (mercenarios). Con el advenimiento de la Guerra Fría, se ha asistido a un proceso de privatización de la seguridad civil y de la guerra, y a la pululación de corporaciones y compañías militares de carácter privado al servicio de gobiernos. Por esto, es necesario hacer una distinción entre paramilitarismo y mercenarismo corporativo, como lo hace Bernedette Muthien en su texto “Corporate Mercenarism in Southern Africa”; ya que el primero obedece a la lógica del Estado y depende únicamente del aparato estatal y de quienes lo detentan. El segundo, incluye el rol de sectores corporativos privados nacionales y transnacionales para operaciones específicas como la seguridad de zonas de interés económico o de actividades ilegales, entre otras.

Un claro ejemplo de mercenarismo corporativo se puede apreciar en el caso del coronel y mercenario israelí Yair Klein, quien llegó a Colombia a instruir y conformar estructuras paramilitares; como también, en el asesinato del presidente de Haití Jovenel Noise a manos de un grupo de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad con sede en Estados Unidos y que, entre otras cosas, es contratista de la Registraduría Nacional para brindar seguridad en las elecciones.

Para el caso colombiano, si aplicamos la tipología de conflictos internos de Miall y compañía (1999), se puede decir que se puso en marcha un Complejo Contrainsurgente (CCI) o una Contrainsurgencia Nativa, en palabras de Renán Vega (2016); cuya doble función consistió en «preservar la integridad del aparato estatal en relación con la naturaleza del régimen y para garantizar la continuidad de la hegemonía política, entendida en términos gramscianos» (Franco, 2002). Así, este CCI requirió de un poder arbitrario por fuera de la Ley nacional y los acuerdos internacionales para mantener la integridad estatal, caracterizada por una existencia de una estructura dual donde se ven actividades paralegales y actividades ilegales. 

Con base en estas consideraciones, autores como Marcus Raskin (1979) han afirmado que se ha conformado un Estado de seguridad yuxtapuesto al Estado (social) de derecho y, paralelo a esto, se constituyó un Sistema Contrainsurgente caracterizado –en términos generales– por dos cuestiones fundamentales. Primero, la responsabilidad en la conformación de dicho sistema no es única del aparato del Estado, pues en ella participa grupos de poder de la sociedad (industriales, empresarios, ganaderos , etc.). Segundo, por buscar preservar la continuidad de la hegemonía y del poder político. Todo esto ha llevado como país a asistir a una intensa represión estatal diseñada acorde al enemigo interno que se ha de combatir. En este caso, la insurgencia y todo aquello que amenace la continuidad del poder hegemónico para cierta clase hegemónica que lo detenta.

En ese sentido, los defensores del paramilitarismo argumentan que un ejército irregular no puede ser combatido por un ejército regular y ha de ser combativo con tácticas irregulares. Un claro ejemplo de dicha posición se muestra a continuación: «no podemos, en nombre de los Derechos Humanos, convertirnos en inocentes idiotas útiles»*. O basta con revisar una respuesta del ex comandante paramilitar Carlos Castaño a Darío Arizmendi: «Hay un ejército entonces que se encuentra maniatado (…) El ejército colombiano no avanza mucho en la lucha contra la guerrilla y es precisamente, porque es una guerrilla irregular, difícil de combatir».

Como se puede ver, el paramilitarismo, como cierto tipo de mercenarismo y enmarcado en una estrategia contrainsurgente, está ligado al poder estatal y a los grupos de poder que usan el aparato del Estado para asegurar sus intereses. Por eso, se puede afirmar que el mercenarismo corporativo facilita el dominio coercitivo de los sectores subalternos y rebeldes; asimismo, asegura y hace posible las condiciones sociales para la reproducción del sistema contrainsurgente. De esta manera, el paramilitarismo y el mercenarismo corporativo, se han venido convirtiendo en una amenaza a la soberanía de los pueblos y hasta la ONU ha expresado su preocupación por este fenómeno y afirma que los Estados que contratan a dichas corporaciones privadas de seguridad, son responsables de violaciones a Derechos Humanos en distintos países del mundo donde actúan impunemente.

* Posición editorial de El Tiempo, Bogotá, 2 de noviembre de 1992, p. 4A. También se pueden ver posiciones editoriales de diarios como El Colombiano, La Patria o entrevistas a generales, políticos, empresarios, industriales, ganaderos y representantes gremiales del sector económico como la SAC, ANDI, Fedesarrollo, Fedegán, entre otros.