En la década del setenta, los movimientos sociales se hicieron sentir en su lucha en Colombia y América Latina. Eran los años de la Guerra de Vietnam y la Alianza para el Progreso, así como los años del movimiento estudiantil del 71 y de las luchas de campesinos e indígenas por la tierra. Por aquellos años fue conformado el CRIC y varias organizaciones sindicales agraristas.

Decir que en Colombia se ha exterminado a miles de líderes sociales, así como a opositores al establecimiento y la oligarquía, se ha convertido en una redundancia. Basta con echar un vistazo a los cientos de textos y materiales audiovisuales sobre los casos de, por ejemplo, la Unión Patriótica, que perdió la personería jurídica producto del asesinato de su último congresista en los años noventa: Manuel Cepeda Vargas. Afirmar, en cambio, que hubo un sindicato que fue exterminado luego de un conflicto legal y laboral con la familia del exgobernador de Antioquia y del expresidente del país, Álvaro Uribe Vélez –aunque no sorprende– resulta algo novedoso y, por demás, revelador.

A mediados del setenta, en el nordeste antioqueño, la lucha de los trabajadores agrícolas se cualificó y logró desarrollarse organizativamente. Al finalizar esta década, la dinámica de lucha de los trabajadores se expresó en sindicatos y en la apropiación de tierras trabajadas por ellos. Un ejemplo fue el del naciente Sindicato Agrario, el cual obtuvo una victoria “pírrica” al convertirse en propietario de la finca La Mundial, tras un lustro de conflictos laborales con Inversiones Uribe Vélez.

¿Por qué pírrica si lograron hacerse con la tierra que trabajaban proletarios agrícolas? En el desarrollo histórico de la lucha de los trabajadores paneleros de Maceo, Antioquia, su sindicato sufrió los rigores de la acción contrainsurgente: sus miembros fueron perseguidos, desplazados, encarcelados y asesinados por la acción oficial y paraoficial, lo que generó años después el exterminio de la organización.

En este sentido, la investigadora Vilma Liliana Franco, especialista en el tema, sostuvo en su obra intitulada Orden contrainsurgente y dominación, que “en 1974 se creó el Sindicato Agrario –subdirectiva de Sintragrícola– en la empresa panelera La Mundial, ubicada en el municipio de Maceo, Antioquia. A raíz de desacuerdos sobre condiciones de contratación laboral con Inversiones Uribe Vélez, la finca se volvió propiedad del sindicato en 1978. Sin embargo, a partir de allí se inició un proceso de persecución contra los trabajadores y sus familias bajo la acusación de ser insurgentes y ladrones de la finca. Finalmente, tras el asesinato del antiguo propietario se agudizó el proceso de hostigamiento y aniquilamiento (desaparición forzada y asesinatos selectivos) de los obreros de la finca, hasta la desaparición total de la organización”.

La versión anterior es complementada y ratificada de manera clara y en varias ocasiones por un informe elaborado para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición (CEV), de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL). En este se hace referencia al aniquilamiento de la dirigencia sindical en los noventa; década en el que se llevó a cabo con mayor ahínco la arremetida contrainsurgente contra los trabajadores del sindicato: “otro de los casos enumerados este año (1996) en la región, ha sido el aniquilamiento de toda la dirigencia sindical, de Sintragrícola, especialmente en la vereda Cristales del municipio de San Roque y en la finca Mundial y Monitos de Maceo, de estas fincas hay unos 50 desplazados ubicados en Medellín” (ver informe).

El informe en cuestión puso de manifiesto, no sólo la persecución cruenta y sistemática que llevó al exterminio de dicha organización sindical; también referencia la penosa y lamentable situación en la que quedaron años después sus sobrevivientes producto de la persecución paramilitar y oficial: “los campesinos dueños de la Finca La Mundial, la cual había sido propiedad de Álvaro Uribe Vélez hasta 1979 se vieron fuertemente perseguidos por efectivos del Ejército y el GOES. A partir de su mandato como Gobernador, fueron presionados a través de acciones criminales efectuadas por la CONVIVIR y/o los paramilitares al desplazamiento forzado. En la actualidad, los labriegos están ad portas de perderla por el cobro del alto costo del impuesto predial” (ver informe).

Vale la pena señalar que, a mediados de la década de los noventa, en Antioquia como en el Magdalena Medio y regiones de la costa caribe, el accionar del paramilitarismo se acentuó y cobró cada vez más fuerza; pues, desde el establecimiento fue apoyado, financiado y conformado varias estructuras paramilitares bajo el manto legal de empresas de seguridad y vigilancia ciudadanas y privadas como las CONVIVIR, legitimadas y legalizadas por la institucionalidad del departamento antioqueño, en cabeza del entonces gobernador, Álvaro Uribe Vélez.

Respecto a lo anterior, el mismo informe citado líneas atrás, ilustra de mejor manera la situación, estableciendo no solo el accionar del paramilitarismo, sino su relación con familias prestantes y la clase política de la región antioqueña: “la presencia del Bloque Metro en San Roque va confluir con la instauración de la Convivir El Cóndor (18 de abril de 1996) en este mismo municipio, territorio donde las familias Uribe Vélez, Villegas Uribe, Gallón Henao y Sierra Vélez, han tenido no solo vastas tierras, sino negocios de ganadería y reforestación” (ver informe).

De esta forma, es claro que el accionar paramilitar y contrainsurgente contra los trabajadores paneleros del Sindicato Agrario, no solo guardó una estrecha relación con el litigio laboral entre Inversiones Uribe Vélez y la subdirectiva de Sintragrícola, sino que obedece a una estrategia que desde el establecimiento se ha puesto en marcha, pues más allá de ser una coincidencia, resultó revelador que los líderes de dicho sindicato hayan sido perseguidos, amenazados y desplazados, generando en consecuencia un proceso de exterminio contra la organización de trabajadores, luego de las valerosas luchas por la tierra libradas en la década del setenta y luego de que le ganaran el conflicto laboral y legal a la familia Uribe Vélez.

También, resulta necesario aclarar, sin caer en redundancias, que dicha arremetida contra los trabajadores de la panela en el nordeste antioqueño fue realizada desde las altas esferas del establecimiento, donde la legalización de estas estructuras que figuraban bajo la fachada de ser empresas de seguridad y vigilancia y bajo el nombre de las CONVIVIR, fue apenas un ejemplo. Prueba de esto, es el proceso contra Santiago Uribe Vélez, hermano del ex presidente ex presidiario Álvaro Uribe Vélez, también investigado en diferentes procesos por conformación y nexos con grupos paramilitares, procesos que siguen abiertos y en curso en los tribunales colombianos.

Otro ejemplo que ilustra el contubernio del paramilitarismo con la clase política y con familias prestantes de la sociedad colombiana, es el caso de Santiago Gallón Henao quien fue condenado por la justicia y el de Luis Alberto Villegas Uribe, investigado por nexos con paramilitares y para quién la Fiscalía General de la Nación, fungía como el Representante legal de la Asociación CONVIVIR EL CONDOR, la cual se comprobó, por parte de distintas organizaciones de Derechos Humanos y confirmados después por versiones de los postulados en Justicia y Paz^[1], que guardaba estrecha relación con las Autodefensas Campesinas de córdoba y Urabá (ACCU) a través del Bloque Metro.

Como derivado de lo anterior y en atención a un estudio de memoria histórica que registró el exterminio de otros dos sindicatos en Antioquia, es posible afirmar que 107 sindicalistas y/o trabajadores afiliados a Sintragrícola fueron asesinados entre 1979 y 2012. De la misma manera, es posible sostener que al municipio antioqueño de Maceo, donde se encontraba la finca panelera La Mundial de los Uribe Vélez, le tocó registrar el asesinato de 5 líderes de la organización y 60 casos de violaciones a la vida, a la libertad e integridad cometidas contra sindicalistas en el mismo lapso de tiempo^[2].

Lo escrito hasta aquí, expresa claramente la política contrainsurgente del régimen que ha imperado históricamente en el país, que ha utilizado la violencia oficial y paraoficial contra fuerzas disidentes y contrarias al régimen. Una política financiada y auspiciada desde los Estados Unidos que se remonta en los inicios de la Guerra Fría, en la llamada guerra contra el comunismo y materializada en la Doctrina de la Seguridad Nacional y del Enemigo Interno.

Esta historia no solo escenifica el curso político de Colombia y la impunidad que prevalece, puesto que muchos de quienes auspiciaron y participaron intelectualmente en la comisión de estos delitos y vejámenes contra los trabajadores, han ostentado altísimos cargos dignatarios como el de la presidencia de la república; también, representa una historia desde abajo, desde la memoria, desde la resistencia.

Notas

[1] Para mayor información revisar la ponencia del magistrado Juan Guillermo Cárdenas Gómez del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz (2020) con radicado 110016000253200983705 (p.39 y siguientes).

[2] A través de su Fondo Editorial, la Escuela Nacional Sindical en el texto titulado Las huellas de un plan de exterminio. Lógicas, narrativas y memorias de la violencia antisindical en Antioquia: Sutimac Puerto Nare y Sintrasema Amagá, 1975-2012, presentó los pormenores de esta situación.