La guerra del agua fue un conflicto que tuvo lugar en Cochabamba en los primeros cuatro meses del año 2000. Se ha afirmado que esto se desató cuando el gobierno tomó la medida de privatizar el servicio del agua potable en la municipalidad[1], lo que generó una serie de grandes movilizaciones que desencadenaron en fuertes enfrentamientos de la población civil contra las fuerzas de seguridad del gobierno boliviano.

Lo que conllevaba esta medida del gobierno, era el aumento del costo del servicio en aproximadamente un 400%. El presidente de esa época, Hugo Bánzer Suárez, que ya había fungido como presidente, pero había llegado por medio de un golpe de estado. Éste nefasto personaje para la historia boliviana, era claramente un dictador que en los primeros momentos de protestas mandó a reprimir fuertemente al pueblo movilizado. Fueron varios los muertos, heridos y hasta desaparecidos en esta serie de confrontaciones que se dieron, en la que la muerte de un joven estudiante de 17 años de edad, Víctor Hugo Daza, y las imágenes de un capitán disparando su fusil contra una muchedumbre desarmada, desataron aún más la indignación del pueblo boliviano que finalmente obligó a que la empresa extranjera se fuera del país. La guerra continuaría unos meses después en los estrados judiciales contra dicha empresa.

Resulta interesante establecer una relación entre la empresa que sirve como la manzana de la discordia en la guerra del agua y la hueste conquistadora del siglo XVI, en el marco de otra relación más grande; la población y el medio ambiente, ya que se puede ver la forma en que persiste la explotación extranjera de los recursos naturales y que transforman profundamente el paisaje con consecuencias demográficas y ecológicas bastante claras. Un claro ejemplo de esto son la desaparición de las chinampas por medio de la desecación de los sistemas lacustres de los valles y la tala de bosques para uso de tierras de pastoreo. Actualmente las empresas que aseguran para sí el monopolio de las fuentes hídricas, realizan algo similar pues lo que hacen es apropiarse del agua de la gente, cobrando por ella y arrastrando a la población a grados muchos más profundos de miseria.

Una relación que podría establecerse entre estas empresas privadas extranjeras y la historia de la conquista, pero con una escenas y escenografías distintas, es la de la brutalidad con la que operan. Estas empresas traen consigo paramilitares que se encargan de eliminar cualquier expresión incómoda a sus intereses, usando para ello métodos que producen terror entre las comunidades: incineración, desaparición, tortura, aperreamiento, etc., emulando así métodos de la hueste conquistadora como el “aperrear, quemar y dar tormento[2]”.

Esta experiencia de resistencia expresa una dialéctica de dominación-resistencia, entre nuestra realidad presente con nuestro pasado colonial que está marcado por la explotación y la dominación extranjera y que ahora desde la economía mundo, se nos ha asignado la función de, como en otrora, producir y exportar materias primas y consumir productos “acabados”. Se debe agregar que el sometimiento sigue, pero por vías más di-simuladas (el mercado y el comercio), en donde nuestros recursos naturales se ven en grave peligro, ya que son las multinacionales las que se quieren apropiar de ellos. Para la muestra de ello, basta con ver el problema con la mina La Colosa en Cajamarca, Tolima, en la que la comunidad se ha resistido a la explotación de oro en sus territorios por poner en peligro el agua y la vida misma y en la que algunas autoridades y políticos del gobierno central quieren desconocer la participación de la gente en la consulta popular en la que la consiga fue “El agua vale más que el oro”.

Otro ejemplo de la dominación-resistencia es el de la movilización de las comunidades del norte tolimense ante la inminencia del megaproyecto de Hidrototare, que abarca siete kilómetros de la cuenca del Río Totare, en jurisdicción de los municipios tolimenses de Anzoátegui, Santa Isabel, Alvarado y Venadillo, con el fin de construir una central eléctrica. Este proyecto ha generado la resistencia de las comunidades en defensa del agua y del territorio, y la alerta de el ex alcalde de Venadillo Jorge Sierra que ha denunciado que “se habla de llevar a la construcción de la hidroeléctrica por encima de todo, es competencia de las autoridades hacer el seguimiento. El audio al parecer es de un contratista de Venadillo, que estuvo acá en la audiencia defendiendo el proyecto”.[3]

“El agua vale más que el oro” es una consigna que se ha hecho desde la resistencia popular tolimense al imperialismo y al bloque de poder que nos gobierna. Ello, no debe ser solamente una consigna, sino que se debe traducir y materializar en victorias y conquistas democráticas de las comunidades, como nos lo enseña la heroica lucha del pueblo boliviano que lograría la dimisión de su presidente  tiempo después (atribuida a un cáncer por la prensa oficial) y lograría imponerse sobre los intereses extranjeros y del gran capital. Dichas conquistas, en el caso de Ibagué debe redundar en el fortalecimiento de los acueductos comunitarios, en la construcción y finalización del acueducto alterno, en la protección de las bocatomas y las cuencas de los afluentes que nutren nuestros municipios. También se debe lograr la aprobación de nuevas Zonas de Reservas campesinas, como las que las comunidades han demandado en el norte y sur del departamento, generando poder comunitario, evitando el capital golondrina y el latifundio. Son muchas las experiencias que actualmente se desarrollan en las comunidades tolimenses, que deben ser fortalecidas y críticamente replicadas.  Nos queda camino por andar y desde la reflexión histórica y la praxis cotidiana también se lucha.

[1] Ley 2029 de 2000 por medio de la cual el gobierno boliviano delega el monopolio de recursos hídricos a la empresa Aguas del Tunari. Disponible en la web: http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2029.xhtml

[2] Nominación hecha por el historiador colombiano Germán Colmenares.

[3] El Nuevo Día, 1 de febrero de 2019.  Proyecto Hidrototare no recibió el respaldo de la Procuraduría Ambiental.