Tolima, los pliegues del conflicto

A pesar del cemento invertido en el sur del Tolima, el abandono estatal sigue siendo notorio. La falta de oportunidades es latente y las ventajas que ofrece la ilegalidad es evidente. La gente con hambre, con necesidades y con expectativas de movilidad social para sí y sus queridos, hace lo que esté a su alcance para superar las condiciones de exclusión en las que vive.


Desde marzo de 2020 hasta junio del presente año, la Fiscalía General de la Nación, seccional Ibagué, ha presentado una serie de “partes de victoria” en contra de los grupos disidentes de las antiguas FARC-EP en el Tolima. En sus boletines informativos ha reportado la detención de un número importante de sus presuntos integrantes; asimismo, ha informado sobre el hallazgo y confiscación de material bélico y de intendencia al parecer perteneciente a estos en diferentes puntos del departamento. El problema es que, pese a los “golpes” propinados, dichos grupos persisten en la geografía tolimense.

Si bien este reconocimiento no había sido explícito, la Fiscalía, la policía y el ejército adelantaron, a lo largo del 2020, variadas acciones en contra de estas agrupaciones. De hecho, un número importante de operativos, desde marzo hasta diciembre, dejaron 17 de sus integrantes detenidos y, entre estos, unos cuantos condenados. El panorama cambió con el panfleto del frente Ismael Ruiz y la compañía Adán Izquierdo en diciembre, porque la gobernación reconoció la existencia de los grupos en cuestión, especialmente en el sur del Tolima. En el consejo de seguridad realizado en Roncesvalles días después de la aparición del panfleto, el secretario de gobierno, Alexander Tovar, corroboró la presencia del frente mencionado como la intención de la compañía Adán Izquierdo de incursionar en el departamento.

Para la gente del centro-occidente del Tolima y para quienes viven en el sur esto no es una novedad. Desde inicios del año pasado, los pobladores de Alvarado, Anzoátegui y Venadillo rumorearon sobre la existencia de un colectivo de hombres armados actuando a título de las FARC. De forma casi simultánea, los medios oficiales dieron cuenta de unas agrupaciones del mismo tipo en la zona rural de Ibagué, Roncesvalles, Rioblanco y Planadas. Incluso, los mismos referenciaron la existencia de estructuras armadas denominadas columna móvil Dagoberto Ramos, frente Ismael Ruiz, compañía Adán Izquierdo y frente Alfonso Cano en el sur, el centro y el norte del Tolima. En lo que va de 2021, la gente de Chaparral y de algunas veredas lindantes con Rioblanco también habla de hombres armados autodominándose FARC.

La aparición de estos grupos no genera extrañeza en una franja de la gente de las zonas rurales. Carlos Benavides*, un jornalero en una pequeña finca en Alvarado, considera el fenómeno como algo “que se veía venir”. Su tránsito por las luchas campesinas en el Tolima le ha permitido considerar la existencia de los grupos disidentes como el resultado de una falta de seriedad del gobierno: “Duque o el gobernador pueden meter ejército hasta las (…), pero con eso no van a resolver nada. Acá zamparon todo el ejército posible y lograron acabar con la guerrilla, pero eso generó mucha violencia y no ayudó nada a la gente. Todos quedamos abandonados, sin nada y hasta odiándonos entre nosotros”. Por esto, don Carlos teme a nuevos episodios que los pongan en el medio, como ocurrió años atrás cuando existía el frente Tulio Varón de las antiguas FARC-EP.

Jaime Carrillo*, un habitante de Chaparral, coincide con Benavides. La diferencia es que considera a los grupos disidentes como “un mal necesario”. El retiro del frente 21 de la antigua insurgencia implicó, como dice él, “el descontrol total”. Si bien el ejército llegó para quedarse, aparecieron otras problemáticas que no se veían en tiempos de las FARC-EP. El punto, siguiendo a Carrillo, es que las cosas cambiaron para empeorar: “Mal o bien la guerrilla le ponía orden a esto. Ahora acá hacen y deshacen y uno no sabe realmente quién es quién”. Con los grupos que han aparecido, el panorama es menos seguro. La gente añora la guerrilla de antes, pero las cosas no son así. De uno u otro modo, los campesinos siguen en medio de un panorama enrarecido. Como dice Carrillo, “acá se esta cocinando a fuego lento algo que uno no sabe en qué momento le metan más candela”.

El Tolima no es un teatro de operaciones militares como lo fue durante la década del 90 y los primeros años del siglo XXI. La intensidad del conflicto armado cambió notoriamente tras el desenlace de las negociaciones en La Habana. Los enfrentamientos entre las partes dejaron de ser el pan de cada día en el sur y el norte del departamento. El pendiente está en que las condiciones de vida de la gente siguen sin cambiar. Los ríos de leche y miel que auguraban la implementación del acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno están en veremos. La anhelada tranquilidad con condiciones dignas para vivir, la cual justificó variadas acciones de protesta en el departamento, fue transada con cemento, estaciones de policía y más presencia de ejército. Por ningún lado fueron resueltos los factores de exclusión económica y social, entre estos el problema del acceso a la propiedad rural. Un paréntesis a la confrontación armada era totalmente necesario, pero no tiene sentido si sus causas originarias siguen intactas.

Don Carlos y don Jaime tienen muy claro esto. En medio de su extrañeza con lo que viene pasando, no han perdido de vista que la irrupción de los grupos disidentes, en parte, obedece a un problema de condiciones de vida: “si la gente no tiene resuelto el día a día de alguna forma lo va a resolver”, subraya don Carlos. Esto no importa en donde lo tenga que hacer, así sea en un territorio ajeno. Por ende, el problema es estructural y compromete al Estado, a los gobiernos y sus políticas: “Al problema toca atacarlo como se mata la culebra: por la cabeza”, señala don Jaime.

En procura de contrarrestar la presencia de los grupos disidentes, la Gobernación del Tolima anunció, en el consejo de seguridad de 2020, más de lo mismo: acompañamiento territorial con la policía y el ejército. En marco de esto, la Fiscalía seccional Ibagué, en lo que va de 2021, reportó cerca de 5 detenciones de presuntos integrantes de dichos grupos, como también varias condenas por conductas delictivas atribuidas a estos. Al parecer, los resultados son evidentes y los reportes noticiosos parecen mostrarlo.

El cuello de botella del asunto, como lo dejaron ver don Carlos y don Jaime, está en la miopía con respecto a las causas del fenómeno. La gente no le hace el feo a la policía y al ejército, aunque a algunos les incomode. El problema está en que su incursión en los territorios no redunda en otra cosa diferente a la de generar una supuesta sensación de seguridad. “Con ellos no ha llegado una sola oportunidad para la gente”, dice Carrillo. Las ofertas laborales para los jóvenes son escasas, como lo son las posibilidades para hacer productiva y rentable la tierra. Mientras esto persista, la gente encontrará en los grupos disidentes una oportunidad para resolver sus necesidades.

El cemento enterrado por Oscar Barreto y Ricardo Orozco en el sur del Tolima ha sido insuficiente para apaliar los factores de exclusión económica y social. En el mandato del primero, esta región figuró como una prioridad y Orozco no fue indiferente. A la fecha, las vías de Rioblanco y Planadas han experimentado cambios sustanciales. Incluso, su construcción favoreció a algunos con un puesto de trabajo. Sin embargo, la estreches de su acción fue y ha sido limitada. La adecuación de la carretera es minúscula si no está anclada a una potenciación de la producción campesina en condiciones óptimas para asegurar un ingreso digno.

A pesar del cemento invertido en el sur del Tolima, el abandono estatal sigue siendo notorio. La falta de oportunidades es latente y las ventajas que ofrece la ilegalidad es evidente. La gente con hambre, con necesidades y con expectativas de movilidad social para sí y sus queridos, hace lo que esté a su alcance para superar las condiciones de exclusión en las que vive. La ascendencia, en este contexto, de los grupos disidentes en el Tolima es comprensible por la persistencia de unas problemáticas estructurales en el país. En algunos de sus territorios, estas agrupaciones se están convirtiendo en unas opciones, para ajenos y propios, en procura de resolver sus penurias.

La aparición de nuevas expresiones armadas en el Tolima supone un conflicto social no resuelto y uno armado en curso. La línea de acción estatal y gubernamental proyecta en el horizonte una situación compleja para la gente. La formula de otrora puede funcionar: guerra total contra la insurgencia y sus redes de apoyo. El inconveniente: una vez más, la gente en el medio. Este ciclo amerita de una ruptura. Los conflictos merecen de un nuevo tratamiento y pasan, necesariamente, por la solución de las causas originarias de la constitución de los grupos armados. La gente sin hambre y con necesidades resueltas tendrá otras prioridades en qué pensar, no en cómo conseguirse, así sea de forma ilegal y armada, el día a día para sí y los suyos.

* Los nombres fueron cambiados a petición de los entrevistados.

Avatar
Comité Editorial
Común y Corriente es una apuesta político-comunicativa, cuyo compromiso se inscribe dentro de una tendencia contra-hegemónica. Sus contenidos están en función de alimentar el debate sobre los asuntos públicos de Ibagué, el Tolima y Colombia, así como en procura de cimentar una fuerza social y política.