Miles de panameños llevan diez días protestando en las calles contra el encarecimiento de los precios en los alimentos, medicinas y combustibles. Lo que inició como una protesta del gremio educativo se ha ido extendiendo a otros sectores, dando lugar a unas manifestaciones prácticamente inéditas tanto en presencia como en persistencia en la historia panameña reciente.
Las demandas de los manifestantes son amplias, de hecho, superan la treintena, pero principalmente se centran en el alto costo de la vida. En las calles exigen un freno al alza del combustible, poniéndole un tope para que no supere los tres dólares por galón. Asimismo, reclaman una medida similar para varias medicinas y más de cincuenta alimentos de la canasta básica en el marco de un encarecimiento continuado de varios bienes de uso común. También se escuchan voces que piden un aumento salarial, la creación de un seguro de desempleo e incluso una reforma fiscal. Como ven la lista de demandas es larga, tanto o más que la de demandantes. A los maestros que iniciaron las marchas, reclamando por las deudas salariales del Estado, se han ido sumando trabajadores de la salud, indígenas, transportistas, productores agrícolas, pescadores y trabajadores de la construcción.
El gobierno panameño, tras titubear inicialmente, comenzó a tomar medidas cuando vio que las protestas crecían y amenazaban con desbordarse. Sin embargo las medidas adoptadas no parecen de momento satisfacer las peticiones de los manifestantes. En un discurso emitido por televisión, el presidente de Laurentino Cortizo anunció el congelamiento de la gasolina en 3.95 dólares por galón, casi un dólar más que las demandas. Asimismo, anunció que diez productos de la canasta básica quedarían con tope de precio, también lejos de la cantidad de rubros que piden en las calles.
Por su parte, intuyendo que gran parte del descontento de las protestas se centra en la clase política en general, la asamblea anunció un recorte en los gastos y un cese de aumentos salariales de los diputados y sus asesores.
Pero, al mismo tiempo que se anunciaban este tipo de medidas para calmar los ánimos, se hacían otros anuncios que lograban justamente el efecto contrario. Como, por ejemplo, el anuncio presidencial de que para reducir el gasto público se recortaría el 10% de los puestos de trabajo de la acción pública. Dicho con menos tecnicismos, que uno de cada diez empleados del Estado serían despedidos.
Laurentino Cortizo, el presidente conocido popularmente como ‘Nito’ (aunque en estas circunstancias lo de «popularmente» suene una broma), intenta impulsar un gran diálogo nacional con mediación de la iglesia. El mandatario en el poder, desde mediados de 2019, culpa de la situación de descontento generalizado a los efectos de la pandemia y, en un arranque de originalidad, a la guerra en Ucrania.
Sin embargo, sin restar la importancia que merecen ambos factores, hay algo que llama poderosamente la atención en el caso específico de Panamá. Justamente, en estos días, les contábamos cómo el dólar se había fortalecido en los mercados internacionales gracias a las pintorescas maniobras de la Unión Europea contra Rusia y, especialmente, contra ellos mismos. Así, además del Euro, monedas como las de Argentina, Chile o Colombia han sufrido una gran devaluación frente al dólar en lo que va de año. La peculiaridad panameña que les comentaba está en que se trata de un país dolarizado. Por lo que, a simple vista, llama la atención que en pleno fortalecimiento de (con perdón del sarcasmo) su moneda ‘nacional’, el país viva las peores protestas en décadas. Y todo apunta a que esta aparente paradoja tiene más que ver con la realidad estructural panameña que con las dificultades que atraviesa el mundo entero.
La pandemia produzca una contracción económica en Panamá de prácticamente el 18% y un aumento de casi tres puntos en la pobreza. La deuda pública se disparó de algo más del 45% del PIB a casi el 65% en apenas dos años. Si sacamos cuentas hoy cada ciudadano panameño carga sobre sus hombros con una deuda de más de 7 mil dólares… en un país donde el salario mínimo nos llega a los 500.
Pero más allá de eso y, a pesar de mostrar otras cifras macroeconómicas que pueden lucir saneadas, Panamá sigue siendo un país muy desigual. El de mayor desigualdad de centroamérica con peor índice de Gini que Honduras o Guatemala; y el segundo de toda Latinoamérica, sólo por detrás de Colombia. Una realidad social extremadamente desbalanceada, donde casi seis de cada diez panameños afirman que no le alcanzan sus ingresos para llegar a fin de mes, sumada a una inflación del 4%, como la que se en mayo de este año y un descontento con la clase política en general, como gota que rebalsó el vaso hacen el resto. Y, sin duda, el complicado panorama internacional de años recientes contribuyó a que surgiera tanto descontento, pero no como su causa principal sino como, probablemente, el elemento que contribuyó a sacar a la vista otro descontento mucho más profundo que llevaba tiempo escondido.
* Video-post de ¡Ahí les va! del 15 de julio de 2022, transcrito por el Comité Editorial de Común y Corriente.