La dictadura en curso necesita de un alto y sus voceros no merecen una posición como mandatarios a nivel territorial o a escala nacional. Exigir la renuncia de los gobernantes autoritarios es una vía pacífica y democrática en un momento convulso. De esta forma, los del común y corriente podrán decidir sobre su presente y futuro inmediato.

Colombia vive una convulsión. Durante ocho días consecutivos, centenares de manifestantes han salido a las calles. El intento por descargar más impuestos en los trabajadores y los excluidos convocó la gente, como también el tratamiento autoritario, represivo y violento de la protesta. De hecho, el número de asesinados, heridos y desaparecidos tras las jornadas del primero de mayo, alimentó una indignación de proporciones sin iguales en diferentes puntos del país. A estas alturas, grupos significativos de manifestantes han concurrido a las calles a regurgitar un repudio hacia quienes dieron la orden del volver las armas contra el pueblo.

Hasta el momento, nadie se ha atrevido a arengarlo pública y contundentemente. Para una expresión significativa del movimiento social y popular colombiano, la prioridad está en tramitar un pliego de exigencias cuya punta de lanza compromete un pliego de emergencia. Desde otro ángulo, lo que está en juego es hacer un alto, retornar a la “normalidad” y esperar un milagro, no muy distante, en las elecciones de 2022. Para otros, que tienen esperanzas en la negociación de un pliego y en una vuelta de la tortilla en las elecciones venideras, las dos opciones son caminos necesarios.

La gente del común y corriente no es indiferente a esta situación. Entre sus expectativas figura un necesario cambio de gobierno. Algunas veces al unísono y otras en medio de la polifonía de la protesta, las voces de grupos significativos de manifestantes corean la renuncia de Iván Duque. Cali, Ibagué, Manizales, Pereira, Bogotá, Cartagena y otras ciudades donde el abuso policial ha sido evidente e innegable, no solo cuestionan la gestión del presidente, también ponen en entredicho su continuidad en el ejecutivo.

Algo similar ocurre con los gobernantes territoriales. En las ciudades donde los abusos fueron consentidos implícita o explícitamente por sus principales autoridades, su continuidad está en la mira. La indignación generada por sus silencios o por sus declaraciones de guerra contra los manifestantes, siguiendo los trinos del innombrable, han sembrado una duda sobre la idoneidad como mandatarios municipales y departamentales. En otras palabras, el despertar de la gente –al mejor estilo del mito de la caverna de Platón– los ha llevado más allá de las luces y las sombras. En este momento, ellos han visualizado los hilos gruesos que mueven a los que aparentan ver.

En el caso de la capital musical de Colombia, una franja de la gente común y corriente ha puesto sus ojos en Andrés Fabián Hurtado, Ricardo Orozco, Iván Duque y Álvaro Uribe. La responsabilidad de cada uno en los eventos ocurridos en días previos, cuyos saldos no son los propios de una de las democracias más viejas de Latinoamérica, los ha dejado mal parados. Sus vestidos están salpicados de la sangre de quienes, en las calles de Cajamarca e Ibagué, salieron a protestar, no fueron escuchados y, más bien, fueron tratados como enemigos internos.

Por lo pronto, el corrillo que a veces aflora en las acciones de protesta necesita de una enunciación con fuerza. El autoritarismo y el guerrerismo con el que están gobernando no pueden seguir adornando el panorama político. La dictadura en curso necesita de un alto y sus voceros no merecen una posición como mandatarios a nivel territorial o a escala nacional. Exigir la renuncia de los gobernantes autoritarios es una vía pacífica y democrática en un momento convulso. De esta forma, los del común y corriente podrán decidir sobre su presente y futuro inmediato.