Disputa y Contrainsurgencia Light

«La mejor victoria es vencer sin combatir»

~ Sun-Tzu


En diferentes artículos de opinión hago mención a que el tratamiento de los gobiernos hacia la protesta, la movilización social y, en general, a todo tipo de resistencia en Colombia es de orden contrainsurgente. Por esta afirmación emitida en diferentes momentos y contextos, siento la necesidad de ampliar lo qué comprendo por contrainsurgencia y cómo esta opera desde una dimensión cívica. Considero importante esta reflexión para abrir el diálogo al interior de las organizaciones de base, movimientos sociales, partidos políticos del Tolima, amigas y amigos con los que se puedan gestar acciones contra la dominación de las élites rancias que hasta el día de hoy nos gobiernan.

Cada vez que escucho hablar de contrainsurgencia me da la impresión que se atiende la dimensión militar, pero no se hace referencia con suficiencia sobre el aspecto cívico que ella representa. Me interesé por tratar de comprender la contrainsurgencia a partir de un estudio de caso sobre la organización campesina que enfrentó la construcción del proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Amoyá, sobre el Cañón de Las Hermosas en el municipio de Chaparral, Tolima. En este trabajo observé cómo resistieron las comunidades campesinas sobre dos aspectos esenciales que posibilitaron la acumulación por despojo, advertida por David Harvey. Por un lado, la arremetida militar del Estado colombiano en el territorio por la presencia de las extintas FARC-EP. Por otro, la construcción del proyecto hidroeléctrico en la cuenca del río Amoyá a manos de la empresa generadora de energía ISAGEN. En medio de la disputa territorial se encontraban las comunidades campesinas e indigenas defendiendo la vida, la tierra y la naturaleza.

Durante el proceso de despojo se produjo la desaparición forzada, detenciones a líderes y lideresas, amenazas paramilitares, desplazamientos y controles sobre el ingreso de alimentos en la región bajo el pretexto de combatir el apoyo que podía recibir la insurgencia por parte de campesinos y campesinas. Como la represión militar no era suficiente para la consolidación territorial y la inversión de capital por medio de ISAGEN para la construcción de la hidroeléctrica no subsanaba los efectos sociales y ambientales en el territorio, emergió un enemigo sigiloso, light, liviano, amparado bajo el discurso de progreso; un enemigo cívico con aspecto social, humanitario. El enemigo silencioso de la cooperación al desarrollo. Fuerzas militares, elites políticas tradicionales (conservadores y liberales), paramilitares, carteles de la droga, ONG´s, medios de comunicación y mercenarios, figuraban como bloque oligárquico de poder contrainsurgente en la región.

En aquel entonces, los medios de comunicación como El Nuevo Día alardeaban sobre las ayudas humanitarias que llegarían a manos de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en los poblados rurales del rincón del sur del Tolima. La ofensiva cívico-militar en Colombia para ese entonces se llamó Plan Nacional de Consolidación Territorial, cuya incidencia en el departamento se llevó a cabo bajo la estrategia de Fuerza de Tarea del sur del Tolima con sede en Chaparral y que operó en el sur del departamento, Cauca y Valle del Cauca. La contrainsurgencia se consolido a partir de la ofensiva táctico-militar, la inversión de capital para desarrollar proyectos de extracción de fuentes hídricas y la financiación de las agencias de cooperación al desarrollo a Fundaciones y Corporaciones quienes se encargaban de realizar el trabajo (sucio) social o sucial. A partir de esta experiencia comprendí que la contrainsurgencia es una estrategia de guerra, en la que la confrontación (entre las partes) no solo tiene expresiones de violencia, sino que se utilizan tácticas cívicas que buscan ganar simpatías en los territorios de incidencia: la contrainsurgencia como estrategia de guerra contra las resistencias, sigue siendo una expresión cívico-militar garantizada por el Estado de Seguridad Nacional amparada en la constitución política de 1991.

En un acompañamiento a las organizaciones campesinas por el Magdalena Medio y el Sur de Bolívar durante el proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, era impresionante observar el desfile de los chalecos humanitarios adscritos a las agencias de cooperación internacional realizando «intervenciones sociales territoriales». En una especie de pacificación colonialista, que por medio de talleres, cartografías sociales, etnografías, entrevistas, grupos focales, círculos de la palabra y demás herramientas legadas de las Ciencias Sociales, co-ayudaban a ser los ojos y los oídos de las fuerzas militares, como lo expone magistralmente el mexicano Gilberto López y Rivas. Mientras se realizaban las «intervenciones sociales territoriales» por parte de las ONG´s acompañadas en ocasiones por universidades que coordinaban equipos de trabajo profesional, el ejército nacional arreglaba carreteras, pintaba los parques en las veredas y construían polideportivos como evidencia de zonas consolidadas y libres de amenazas por parte de las resistencias.

Me generaba curiosidad en aquel entonces tal situación porque esas actividades las desarrollaban las organizaciones sociales de base, comunitarias, revolucionarias y autónomas. Cada vez que las agencias de cooperación, las fuerzas militares y la inversión de capital nacional-transnacional llegaban a los territorios para realizar las «intervenciones», recordaba las anécdotas de conquista narradas por Eduardo Galeano cuando decía que los españoles nos entregaron la biblia a cambio de la tierra. Galeano no imaginó que ahora se entrega el territorio a cambio de la financiación de proyectos para las comunidades, porque la tierra sin personas que la trabajen no es suficiente. De allí la importancia del discurso de las agencias de cooperación internacional y de las instituciones gubernamentales de implementar el enfoque diferencial y de «inclusión social» como política de control territorial, categorías colonialistas acuñadas por la Antropología, la Sociología, Geografía, el Trabajo Social y demás disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas.

Con el tiempo no dejaba de sorprenderme e indignarme con mayor vehemencia. Militantes de base abandonaron las organizaciones bajo un argumento: las ayudas por parte de la cooperación al desarrollo eran mejores que continuar con el trabajo colectivo y comunitario de los procesos organizativos. Asimismo, algunas comunidades ya no acompañaban las acciones comunitarias si no se garantizaba el transporte, refrigerios y alguna ayudita económica para llevar a casa. Como si fuera poco, algunas procesos sociales publicaban convocatorias laborales para expertos en ejecución de proyectos, bajo la excusa que no se tenían las capacidades suficientes para atender las nuevas necesidades al interior de las organizaciones sociales y políticas.

Pude observar en algunos casos cómo se transitó de la militancia revolucionaria por la tecnocracia de izquierda democrática. La transición de la organización política revolucionaria y militante a la conformación de fundaciones, corporaciones y todo tipo de figuras jurídicas y empresariales que permitieran captar recursos de la cooperación internacional. La convicción política por transformar nuestras sociedades ya no era importante, sino lo vital era garantizar derechos que nos permitieran vivir menos miserables; algo así como seguir viviendo en el mismo sistema capitalista, pero sin defectos. Habitar un eterno presente sin cambios sustanciales, parafraseando a Fredric Jameson y a Slavoj Zizek, imaginar por siempre el fin de la humanidad y no el fin del capitalismo.

Cumplí con advertir lo que percibía, aunque debo reconocer que no enfaticé con rigurosidad lo que sucedía. Incluso, me atrevo a decir que la crítica fue débil sobre este aspecto. Las veces que hice, los reparos sobre la injerencia de las agencias de cooperación al desarrollo al interior de las organizaciones de base social, los argumentos de las dirigencias eran que los recursos que destinaban las agencias servían para resolver medianamente la vida cotidiana de las comunidades y de las organizaciones de izquierda, también se escuchaba decir que si no se aprovechaban los recursos económicos ofrecidos por las agencias de cooperación internacional otros si los iban a adquirir. Se cayó en el juego y logré percibir cómo algunas organizaciones se fueron desvaneciendo al perder  progresivamente su autonomía, al punto que las discusiones giraban en torno a quienes iban a ejecutar los proyectos, quienes presentaban los informes y, en el peor de los casos, discusiones por pérdidas de dinero, endeudamientos, corrupciones y todo lo que puede representar un mal manejo de empresas sociales financiadas por las agencias de cooperación al desarrollo.

Como si fuera poco, en esta disputa se dejaron de lado aspectos importantes para continuar la lucha revolucionaria de largo aliento, como la formación política militante en algunas organizaciones de izquierda. Quedó a un lado la batalla de ideas, como nos enseñó el legado del comandante Fidel Castro; aparecieron las escuelas políticas democráticas lideradas por fundaciones y corporaciones; diplomados atractivos por sus certificaciones y no por el aprendizaje colectivo con enfoque crítico; incluso, algunas universidades implementaron las Cátedras Fulbright como parte de la formación política «alternativa», espacios financiados por la Embajada Norteamérica so pretexto de afianzar la cooperación entre instituciones educativas, profesores, profesoras, movimientos sociales y los Estados Unidos; un entramado más de la lucha contrainsurgente en los espacios de esperanza y rebeldía como son las instituciones educativas.

Se pueden seguir citando ejemplos del cómo se mantiene la injerencia contrainsurgente por parte de las agencias de cooperación al desarrollo. Este es apenas un punteo de una de las formas en cómo se nos presenta la guerra asimétrica neocolonialista experimentada ampliamente en Argelia, Vietnam, Irak, Afganistán y, por supuesto, en Nuestra América. Asentar el dialogo sobre la importancia de concebir formas diferentes de relaciones de cooperación entre los pueblos es urgente. Estas relaciones deben posibilitar mantener activa una lucha de resistencia y de contra-poder al imperialismo. Recordemos que no es fortuita la expulsión de USAID en su momento del pueblo hermano boliviano, solo por reseñar un ejemplo. También, es posible evidenciar cómo las agencias internacionales tienen diferentes tentáculos para imponer las agendas políticas imperialistas en el departamento del Tolima, esta injerencia no la ejerce solamente USAID y Fulbright, también otras agencias al desarrollo, fundaciones y corporaciones cómplices de luchar contra las y los de abajo en nombre de los desposeídos y las desposeídas.

Rafael Aguja
Rafael Aguja
Sociólogo, conspirador y pesimista; amante del rock extremo, militante de la vida cotidiana y soñador de causas perdidas. Odio la competencia y lucho por la dignidad de los pueblos de nuestra América.