Es el proceso político lo que determina bajo qué instituciones económicas se vivirá y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona este proceso; es decir, que son la política y las instituciones políticas las que determinan las instituciones económicas que tiene un país.

Decir que nuestro país va por mal camino es una tautología, una redundancia. Pero decir que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y el más desigual de América Latina es preocupante además de vergonzante. Este fenómeno es evidente en el amplio nivel de necesidades básicas insatisfechas de los colombianos. Además de ello, quienes nos han gobernado no se han caracterizado por promover políticas que generen una mayor redistribución del ingreso. Todo lo contrario, las políticas fiscales y tributarias han servido para aquello que se ha vuelto común y corriente en nuestro país: “que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres». Todo ello como producto del mantenimiento de un régimen estrecho y un sistema democrático poco incluyente.

¿Por qué afirmar que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y el más desigual en América Latina? Sencillo: porque el amplio nivel de necesidades insatisfechas en Colombia se evidencia en las propias cifras aportadas por el DANE que dejan ver la precariedad, no solamente en cobertura, sino en la calidad de los servicios y necesidades básicas tales como vivienda, alcantarillado, acueducto, agua potable, energía eléctrica, gas, salud, educación y alimentación. Además, la pandemia sacó a flote las carencias de los estratos más bajos y la vulnerabilidad de la clase media. Basta con ver los millones de empleos perdidos, la bancarrota de miles de negocios y otros tantos hechos lamentables.

Estas cifras están relacionadas con las políticas que han sido casi nulas desde tiempos coloniales para generar una mayor redistribución del ingreso; es decir, que desde la época Colonial, siguiendo a Acemoglu y Robinson en su célebre libro ¿Por qué fracasan las naciones?, las políticas y restricciones que se realizaron al comercio dentro del Imperio español redujeron la prosperidad económica y no crearon incentivos económicos para la población; por el contrario, se consolidó, como lo afirma el experto en historia económica de nuestro país Salomón Kalmanovitz, una estructura basada en una economía extractiva, el monopolio del comercio, altos impuestos y el sometimiento de la mano de obra porque – como también lo plantean Acemoglu y Robinson- “los políticos están encantados de extraer recursos o de aplastar cualquier tipo de actividad económica independiente que los amenace a ellos y a las élites económicas”.

Concomitante con ello, Colombia no ha desarrollado un sistema democrático incluyente; ello obedece a la marca distintiva de su pasado colonial que generó unas instituciones como la encomienda, las reducciones, la mita, el trajín o el repartimiento, que no eran más que instituciones de control y explotación del dominio español sobre sus colonias americanas. Como si esto fuera poco, la independencia y las nueve guerras civiles del siglo XIX por las que atravesó el país, significó un tiempo difícil, (aunque con algunos auges de crecimiento económico) para la naciente república que se batía en conflictos políticos de distinta índole. Así pues, Colombia inició el siglo XX arruinado, semi destruido en infraestructura por las Guerras libradas, sobre todo por la Guerra de los Mil días, con hiperinflación y sin su más rico territorio, Panamá, la cual se separó en 1903.

En este sentido, es el proceso político lo que determina bajo qué instituciones económicas se vivirá y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona este proceso; es decir, que son la política y las instituciones políticas las que determinan las instituciones económicas que tiene un país. En este caso, dichas instituciones fueron cooptadas por grupos de poder, élites locales y grupos paramilitares que junto al conflicto interno en el que se batía el país, sirvió de caldo de cultivo para el desplazamiento, el acaparamiento de tierras que a 2010, según el Centro de Seguimiento de Desplazamientos Internos (IDMC) del Consejo Noruego de Refugiados, alrededor del 10% de la población de Colombia estaba desplazada internamente lo que la dejaba excluida de los beneficios del Estado.

En conclusión, Colombia es uno de los países más inequitativos del continente americano, porque no ha logrado satisfacer las necesidades básicas de su población, y por tanto, no ha logrado una redistribución del ingreso ya que su proceso histórico, que se plasma en la construcción del Estado-nación colombiano, ha demostrado la precariedad de sus instituciones políticas y económicas para hacer partícipe a la mayoría de su población, de las riquezas que genera el país, ello sumado a la poca centralización del poder político que ha terminado en manos de élites locales y, como dice Fernán González, cooptado por grupos armados y criminales que se benefician entre sí.